Las empresas mantendrían la rentabilidad con una subida salarial del 13% hasta 2024

 El Consejo General de Economistas calcula que un aumento de sueldos del 4% en 2022, del 5% en 2023 y del 3% en 2024 para aliviar el daño de la inflación no reduciría los márgenes de beneficio de las compañías

El Consejo General de Economistas (CGE) calcula que las empresas mantendrían márgenes de beneficio (la capacidad de convertir en ganancias el dinero ingresado con las ventas) con una subida media de salarios del 12,8% de 2021 a 2024. Aunque según el mismo modelo, el incremento de los sueldos tendría que ser del 19,2% en el conjunto de estos cuatro años para que los trabajadores viesen compensado el daño de la inflación.

Según el ejercicio teórico del CGE para una compañía tipo y teniendo en cuenta una subida del 0,7% en 2021, un marco de aumentos de las remuneraciones del 4% en 2022, del 5% en 2023 y del 3% en 2024 no dañaría la rentabilidad de las empresas. Este cálculo reconoce que los beneficios corporativos están mejorando con la inflación, por la capacidad de algunos sectores de trasladar los incrementos de los costes (energía, materias primas, bienes intermedios...) a los precios de venta.

Esta misma conclusión ya la constató recientemente el Banco de España en la última muestra de la Central de Balances Trimestral (que recoge datos de 920 empresas no financieras). La institución confirmó que, en el primer semestre de 2022, “la facturación de las empresas creció a una tasa muy alta, reflejo tanto de la recuperación de la actividad como del aumento de los precios de venta”. Y que esta evolución “se tradujo en una mejora de la rentabilidad de las compañías”.

Es decir, la cifra de negocio creció en los últimos meses por la inflación y sigue creciendo. La capacidad de convertir los ingresos totales tras hacer frente a los costes se mantiene o mejora en la mayoría de sectores de actividad. Hasta el punto de que “a pesar del notable avance de los costes de producción, los excedentes empresariales [los beneficios] se expandieron a un ritmo elevado, y se registraron ya niveles muy similares o incluso algo superiores a los existentes antes de la crisis del COVID-19”, según el Banco de España.

Los sueldos pactados en los convenios colectivos revisados en lo que va de año solo han aumentado un 2,6%. Con el agravante de que en 2022 se están actualizado un 20% menos de convenios que en 2019 por la negativa de los empresarios a firmar subidas de sueldos con el IPC como referencia, como piden los sindicatos para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Las “bandas de negociación” presentadas este miércoles por el CGE, junto a representantes de las empresas, también incluían una propuesta “de pacto de rentas”, como se observa en las últimas filas del gráfico. Este “pacto” se define como un acuerdo para repartir el golpe de la inflación. La propuesta de este equipo de expertos es una subida de salarios del 6,4% entre 2021 y 2024.

Un marco que se quedaría muy por debajo del aumento del 9,5% en tres años firmado por el Gobierno con los funcionarios, y que choca con el cálculo divulgado en la misma presentación del 13% “sin dañar márgenes”.

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Salario o conflicto exito de participación

 

EL 3 DE NOVIEMBRE, MARCHA A MADRID PARA EXIGIR INCREMENTOS SALARIALES DIGNOS, QUE MANTENGAN EL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS

 

PORQUE: Aunque en agosto y septiembre el ritmo de la subida de los precios se ha moderado, la tasa de inflación sigue siendo muy alta, 8,9%, y sobre todo se han encarecido los alimentos un 14,4%, la mayor subida de las historia

PORQUE: Los salarios no son los responsables de la fuerte subida de la inflación

PORQUE: Las empresas siguen teniendo importantes beneficios y siguen repercutiendo en sus precios la subida de los carburantes y la electricidad, contribuyendo a la subida de la inflación

PORQUE: Estas subidas de precios, junto con el repunte de los tipos de interés y el mayor costede la vivienda, están encareciendo productos básicos y servicios imprescindibles para los hogares,limitando su poder de compra y generando situaciones de desigualdad y pobreza

PORQUE: los salarios tienen que crecer, para garantizar el poder de compra

PORQUE: El empresariado de este país sigue es su empeño de bloquear el desarrollo de la negociación colectiva, con el objetivo de no subir los salarios para que el coste de esta crisis caiga una vez más sobre las trabajadoras y trabajadores. Con ello, están generando una situación de conflicto, en no pocos sectores y en muchas empresas del país

PORQUE: El salario mínimo interprofesional (SMI) tiene que incrementarse no solo al 60% de la media salarial, sino que ha de tener en cuenta la inflación

PORQUE: Si el único lenguaje que entiende el empresariado es la movilización, UGT y CCOO seguiremos llevando a cabo procesos de movilización para desbloquear la negociación de los convenios colectivos y conseguir la mejora de los derechos laborales y salarios que permitan mantener un nivel de vida digno

PORQUE: La pérdida de poder adquisitivo de los salarios es inasumible, un polvorín social, y un serio hándicap para la recuperación económica.

Por todo ello, UGT y CCOO llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras a a participar en gran movilización que hemos convocado para el 3 de noviembre en Madrid.

Solo con la movilización y la fuerza sindical somos capaces de cambiar las cosas

Los salarios reales sufren la mayor caída en 40 años mientras las empresas superan los beneficios previos al COVID

 La inflación hunde las remuneraciones de los trabajadores en mínimos desde la crisis del petróleo de los 70

El precio de una barra de pan común ha subido en un año en España de unos 35 céntimos a 40. Cerca de un 15%, según el cálculo medio en septiembre respecto al mismo mes del año pasado de Eurostat, el servicio oficial de estadística de la Unión Europea (UE). El encarecimiento del alimento más básico de nuestra cesta de la compra sirve para entender la alarma que supone la inflación que sufren las familias trabajadoras.

Sobre todo, las más pobres, para las que esos 5 céntimos de diferencia, y los otros tantos que tienen que gastar de más en verduras, hortalizas... o en el aceite -una subida del 14,4% interanual de los alimentos y bebidas- han convertido la visita al supermercado en una pesadilla asfixiante. Evidentemente, la alimentación no es algo de lo que se pueda prescindir. Como tampoco es fácil renunciar a poner la calefacción para pasar frío, o la lavadora, o a llenar el depósito de gasolina si se necesita para acudir cada día al puesto de trabajo.

En este contexto, la patronal todavía no ha decidido cuándo se va a volver a sentar a hablar con los sindicatos y desbloquear la negociación colectiva para acordar la subida salarial de los próximos años en el sector privado. Mientras, las empresas ya superan los beneficios previos a la pandemia, según los últimos datos del Banco de España.

El Gobierno viene desplegando medidas de choque para paliar estos daños. Primero, muy centradas en la factura de la luz, en los carburantes... Después, más focalizadas en los hogares más vulnerables, o en el uso del transporte público para reducir el consumo de gasolina o diésel.

También ha garantizado el poder adquisitivo de pensionistas (confirmando la revalorización según el IPC de noviembre en cumplimiento de la ley) y ha negociado con los funcionarios (con los que ha pactado una subida del 9,5% en tres años). Aun queda que cumpla con el objetivo de volver a incrementar el Salario mínimo interprofesional (SMI).

“El problema de los precios ya no es solo de variación, es de nivel: están tan altos que, aunque se modere su subida en 2023, los bienes y servicios están muy caros para la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones”, lamenta el gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO).

A la subida de los precios se suma el encarecimiento de dos factores muy relevantes para lo hogares no incluidos en el IPC (Índice de precios de consumo), que en septiembre se moderó hasta el 8,9%: “el repunte de los tipos de interés (impulsados por las subidas de tipos del Banco Central Europeo) y de la vivienda. Estas fuertes subidas están afectando al consumo y recortando el poder adquisitivo de los sueldos, que hasta ahora se han mantenido contenidos”, continúan en el sindicato.

“Hay riesgos de que algo se rompa”, admite Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, quien calcula que los salarios reales (descontando a la remuneración media de los trabajadores la inflación) pactados en los convenios colectivos están sufriendo la mayor caída de los últimos 40 años, de casi un 8%. Este centro de análisis proyecta que al cierre de 2022 los acuerdos de incrementos rondará el 3%, mientras que en el 2023 rozarán el 4,5%, muy por debajo de la inflación.

En la misma línea, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que, en el primer semestre de 2022, se observó una contracción de los sueldos reales próxima al 6%, “muy elevada en términos históricos”, que supera el hundimiento del cuarto trimestre de 2012, en lo peor de la crisis financiera que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. La misma institución avisa de que solo uno de cada cuatro trabajadores está protegido de la inflación en sus convenios, con clausulas de garantía salarial.

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Los trabajadores pierden un 12% de poder adquisitivo desde 2008 y los empresarios se cierran a subidas salariales

 Los efectos de una inflación desconocida en tres décadas y el gripado de la negociación colectiva se superponen a la combinación de pinchazos productivos y políticas de devaluación salarial de la pasada década para agravar el empobrecimiento de los trabajadores y amenazar la recuperación del consumo privado.

Los salarios de los trabajadores españoles valen, como media, doce puntos menos de lo que valían en 2008 como consecuencia de la concatenación y superposición de crisis económicas, medidas de devaluación salarial y una inflación desconocida en tres décadas.

A esos factores se les suman ahora el gripado de la negociación colectiva y la cerrazón de las empresas y las organizaciones patronales a revisar los sueldos de los trabajadores, una posición en la que se están enrocando pese a la evidente aceleración de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y a los riesgos que eso entraña para el principal componente de la economía española, que es el consumo privado.

El resultado de esa combinación de elementos ha hecho que la merma del poder de compra de los salarios supere el 12% en esos catorce años, lo que vendría a equivaler en términos de valor real a la pérdida de casi dos de las catorce nóminas en las que normalmente se distribuye un salario anual o de cerca de una y media cuando se reparte en doce mensualidades.

Entre 2008 y 2020, los salarios por realizar el mismo trabajo acumularon una pérdida de poder adquisitivo "del 6,4%, una vez descontada la inflación", según indica una estimación de CCOO basada en el Índice de Precios del Trabajo que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística), que indica cómo en ese periodo los sueldos mejoraron más de cinco puntos en la industria manufacturera y el comercio para hacerlo en menos de un punto y medio en la construcción y congelarse en la banca, mientras la inflación avanzaba trece puntos.

"Se agrava la fuerte devaluación salarial por realizar el mismo trabajo (...) una vez descontada la inflación", señalaba hace unas semanas CCOO, que ya advertía de que "es de prever que con las fuertes subidas de la inflación de 2021 y 2022 esta pérdida de poder adquisitivo y sus consecuencias negativas tanto a nivel de los hogares (empobrecimiento) como a nivel macroeconómico (caída del consumo, de la actividad y aumento del endeudamiento) vayan a más".

Y eso es, efectivamente, lo que ha ocurrido: tras la ligera ganancia de poder adquisitivo de 2020, la pérdida de valor real de los salarios alcanzó un 1,33% el año pasado y un 6,73% en lo que va de este: la caída es de 6,17 puntos si se tienen en cuenta los tres años y de 8,02 si solo se computan los últimos veinte meses, que incluyen la ‘tregua’ de cuatro décimas que pronostica el IPC adelantado de agosto.

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España y los bajos salarios

En un país de salarios bajos, los efectos de una inflación disparatada como la que actualmente sufrimos justifican la insatisfacción de millones de personas trabajadoras con unos ingresos que apenas sirven para cubrir las necesidades vitales básicas

Unai Sordo . Secretario general de CCOO

No se trata de recopilar con profusión datos para atestiguar que España tiene un problema de bajos salarios. Los salarios medios (unos 26.800 euros anuales) o los salarios más frecuentes en nuestro país (por debajo de los 19.000) dan cuenta de ello.

Es verdad que estos resultados medios tienen oscilaciones en función del sector y del tipo de empresa en la que se trabaja, y que existen variaciones territoriales, que habría que poner en relación también con los distintos costes de la vida que se dan a lo largo y ancho de un territorio grande como el nuestro, en términos comparados dentro de la UE. Pero es indiscutible que en un país de salarios bajos, los efectos de una inflación disparatada como la que actualmente sufrimos justifican la insatisfacción de millones de personas trabajadoras con unos ingresos que apenas sirven para cubrir las necesidades vitales básicas. Este problema salarial, a grandes rasgos, viene derivado de diferentes cuestiones.

La primera es la composición de nuestro tejido productivo, con un paulatino deterioro de sectores que históricamente contaban con mejores remuneraciones, por un lado, y el excesivo peso de otros sectores cuya productividad se fundamenta en un ajuste de costes donde el salarial es determinante para la rentabilidad empresarial (de un tejido de empresas de escasa dimensión, no lo olvidemos, en comparación con un país como Alemania).

Esta dinámica no es ajena al proceso de descentralización productiva entendido como un método empresarial para deshacerse de responsabilidades y costes. Es decir, trabajar en lo que se denomina un sector de servicios de bajo valor añadido y con bajos salarios es compatible con que esa actividad laboral esté inmersa en una cadena de valor que proporciona beneficios y rentabilidades altas a las empresas, solo que a veces la externalización de la actividad es una forma de “apretar las tuercas” de unas empresas a otras, y de estas a la clase trabajadora.

Recientemente hemos conocido la voluntad de empresas de reparto como Glovo o Uber Eats de declararse en rebeldía contra la legalidad vigente. No hace tanto el alcalde de Madrid se amparaba en la subcontratación de la actividad de la limpieza viaria de la capital para eximirse de cualquier responsabilidad sobre la muerte de trabajadores por golpes de calor (dicho sea de paso, apenas unas semanas antes del súbito interés instalado en el PP por las temperaturas laborales, tras el decreto de ahorro energético…).  

La segunda razón que explica los bajos salarios es la alta tasa de paro que sufre históricamente España. Un lastre para las reivindicaciones salariales, pues las empresas cuentan con la posibilidad de sustituir trabajadores con mejores salarios por otros con menores retribuciones con demasiada facilidad, y porque el riesgo del desempleo es un disciplinante reivindicativo importante.

En tercer lugar, la apuesta competitiva del modelo económico español en el proceso de integración europeo, y luego de integración económica mundial, fue la de los bajos salarios y la precarización de la contratación, en un mal entendido concepto de flexibilidad externa. Nuestros desequilibrios productivos, con menor presencia de la deseable de sectores transformadores y exportadores, han generado una excesiva dependencia de sectores volátiles –ligados a burbujas de sobreendeudamiento– y sectores económicos más especializados en modificar precios y en capturar rentas que en transformar bienes y servicios generando valor añadido.

La cuarta variable sería la dispar densidad sindical que existe en función de empresas y sectores. Cualquiera de los problemas anteriormente citados cuenta con diferencias sustanciales en las condiciones salariales dependiendo del grado de organización de las y los trabajadores. Esta variable se suele obviar en todos los análisis y, sin embargo, es tan decisiva como el resto. En situaciones productivas similares, la distribución de los salarios es más favorable para la clase trabajadora allí donde aparece sindicalmente organizada.

Desde esta situación descrita muy grosso modo, no es extraño que fenómenos como la “gran dimisión” que recientemente se daba en EEUU (millones de personas trabajadoras renuncian a sus puestos de trabajo por la insatisfacción con sus sueldos y demás condiciones de trabajo) no hayan tenido reflejo en España, y que cuando se dan situaciones puntuales en las que surgen dificultades para encontrar “mano de obra” (el campo o la hostelería), se genere una alarma empresarial con amplio eco mediático. Casi siempre para poner el foco donde no se debe, porque la dificultad de encontrar quien cubra esos puestos tiene que ver con las condiciones que se ofertan, particularmente con los bajos salarios, las jornadas interminables y la nula expectativa vital sobre la continuidad de tales empleos.

Pero estos ejemplos son limitados. En España existe un deseo de parte significativa de las personas trabajadoras de cambiar de puesto de trabajo para obtener mejores salarios, pero eso no quiere decir que tal deseo se suela materializar con facilidad. Creo haberle escuchado decir –con acierto– al presidente del CES, Antón Costas, que las malas empresas no pueden generar buenas condiciones laborales (o algo similar, si yerro en la cita pido disculpas por adelantado). Yo enfatizaría que las malas condiciones de trabajo y de salario son un incentivo a las malas empresas y retroalimentan un círculo vicioso que lastra la calidad del empleo, pero también la productividad positiva (la productividad es como el colesterol, la hay buena y mala en función de en qué se base) y las condiciones de competencia leal entre las propias empresas.

Por todo ello España debe modificar el sistema de incentivos económicos. En parte lo hemos hecho a través de una reforma laboral que debiera cambiar el patrón de contratación en España, convirtiendo la estabilidad en el contrato en la norma, incluso ligada a la actividad estacional; también parcialmente a través de una mejor regulación de la subcontratación, aunque solo en sus aspectos más extremos, como fue eliminar la prevalencia salarial del convenio de empresa –auténtica invitación a la competencia desleal–; de forma iniciática respecto a la economía de plataforma, que reconoce la presunción de la laboralidad de los riders pero que tiene que extenderse al conjunto de actividades, pues el fetiche digital de la plataforma como “razón” para cuestionar el trabajo dependiente es un caballo de Troya para el propio derecho laboral.

Estabilizar la contratación e internalizar responsabilidades en las cadenas de valor, después de las décadas de orgía des-regulacionista, se antoja como necesario para promover una subida de los salarios e impulsar los mejores proyectos empresariales.

Además, la subida del SMI y el desarrollo de rentas de garantía de ingresos deben servir para aquello que por desgracia no sirven, aunque determinado empresariado se queje de ello: para desincentivar trabajar en cualquier condición, bajo cualquier salario. No se trata de fomentar una sociedad que “viva de paguitas” (como cínicamente suelen decir los que viven de pagazas —de ellos/as, familiares, conocidos y saludados…—), sino de una sociedad en que la actividad económica no se base en la necesidad extrema de amplias capas de la población, sino de proyectos productivos que se rentabilicen en base a mejores formas de trabajo, estabilidad en sus plantillas, inversión, investigación y desarrollo aplicados, formación permanente, etc.

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Los salarios crecen un 2,2%, más de cinco puntos por debajo de la inflación

 Solo una cuarta parte de los trabajadores protegidos por convenio cuenta con una cláusula que les blinde contra el incremento de los precios, algo que los sindicatos exigen incluir en el nuevo AENC

Salarios y precios caminan por senderos cada vez más distantes en este año 2022. Y eso pese a que en estos dos primeros meses los ingresos de los trabajadores se han elevado significativamente. Concretamente, los salarios por convenio escalaron hasta situarse en el 2,26% de media, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo. Se trata de dos décimas más que en enero y casi ocho décimas por encima del 1,47% que crecieron en 2021. Pero este alza es claramente insuficiente en vista de que la inflación está desbocada y marca máximos de hace tres décadas: un 7,4% en febrero, según la previsión del INE.

Significa esto que los trabajadores están sufriendo en sus bolsillos las consecuencias del fuerte encarecimiento de la energía que se viene registrado en los últimos meses y que se ha visto agravado ahora al estallar la guerra en Ucrania y están perdiendo en lo que va de año más de cinco puntos de poder adquisitivo.

Por eso los sindicatos exigen una fuerte subida de los salarios en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que han empezado ya a negociar con los empresarios para que en ningún caso los trabajadores vuelvan a ser los «paganos» de esta nueva crisis, derivada de la guerra y que se suma a la que se venía arrastrando a consecuencia de la pandemia. En las dos reuniones mantenidas aún no se ha puesto una cifra encima de la mesa, ya que desde UGT y CC OO defienden que el dígito dependerá de que se pacte un acuerdo más largo, a dos o tres años, en el que se garantice que no haya pérdida de la capacidad de compra.

Así, son conscientes de que el incremento para este año no puede ser el IPC medio, puesto que la previsión es que en los próximos meses siga la tendencia alcista y se dispara a cifras incluso de dos dígitos, pero su posición es mantener una postura moderada siempre y cuando los empresarios accedan a la que es ahora su principal reivindicación: que los convenios recuperen la cláusula de garantía salarial, que evite que los trabajadores pierdan poder adquisitivo a final de año o en un periodo fijado. Es decir, que la subida pactada se revisaría para igualarla a los precios en caso de que finalmente se eleven más.

Esta garantía que hace poco más de una década era habitual incluirla en los convenios para blindar los salarios se perdió en la anterior crisis económica, hasta el punto de que en la actualidad sólo el 16,3% de los convenios, apenas 277 de los 1.694 contabilizados hasta febrero, la tienen. Así, 1,2 millones de trabajadores, de los casi 1,4 millones que está amparados por los convenios, están protegidos frente a la escalada de los precios, apenas uno de cada cuatro.

Sin embargo, la CEOE rechaza tajantemente vincular los salarios a la inflación y alerta de que esto sería «peligrosísimo». «Si se suben los salarios en función de la inflación, lo que haremos es estructurar la inflación y perdemos todos», advierte su presidente, Antonio Garamendi, quien pide «moderación salarial» e invita a hablar de temas como la productividad, la competitividad, el absentismo o la formación» en el nuevo AENC que pretenden acordar para los próximos años, puesto que el anterior expiró ya en 2020.

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La subida del SMI a 1.000 euros beneficiará a más de 1,8 millones de trabajadores

 La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas beneficiará a cerca de 1,81 millones de trabajadoras y trabajadores, es decir, a más de 1,5 millones de personas que trabajan a tiempo completo y a casi a 300.000 personas que lo hacen a tiempo parcial, según estimaciones del Gabinete Económico de CCOO.

En concreto, de la subida se beneficiarán un total de 835.600 mujeres y de 682.600 hombres. El Gabinete ha explicado que el análisis únicamente se refiere a trabajadores a tiempo completo y que la estimación del volumen de beneficiarios a tiempo parcial se ha obtenido a partir del número de beneficiarios a tiempo completo.

Por edad, casi el 31% de los jóvenes de entre 16 y 34 años que trabajan a jornada completa se verán favorecidos por el aumento. Teniendo en cuenta el sector, el 40,5% de las personas que trabajan para el sector agrario se beneficiarán del incremento, así como el 11,5% de los que trabajan para el sector servicios.

Así, el perfil medio del principal beneficiario de la subida será el de una mujer de entre 16 y 34 años con un contrato temporal y que trabaja en el sector de la agricultura o en el sector servicios.

El Gabinete Económico ha puesto de relieve que la subida del salario mínimo ha beneficiado a más de un millón de personas asalariadas, “mejorando las condiciones de trabajo y la cohesión social del país”.

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Reforma laboral, una gran oportunidad

 Para los trabajadores que pasan de perder derechos a recuperarlos y ganarlos. Para las empresas interesadas en abandonar la estrategia de la precariedad y apostar por la innovación, porque ahora tienen más incentivos para ello. Y para el conjunto del país

Los que procedemos del mundo del Derecho sabemos que las leyes son importantes, pero no hacen milagros. Por sí solas no cambian la realidad, aunque pueden contribuir a ello. 

En España se ha ido consolidando un modelo productivo caracterizado por su especialización en sectores que obtienen importantes beneficios sin mucha inversión. Ha contribuido disponer de un ejército de reserva de mano de obra desempleada, especialmente la no cualificada. Lo que ha incentivado las estrategias competitivas basadas en los costes laborales y en la precariedad –que no solo es temporalidad abusiva- y desincentivado la innovación. 

Incluso, cuando a mediados de los noventa se redujo la presión sobre el empleo como consecuencia de la menor entrada de trabajadores jóvenes, se continúo abusando de esta estrategia, importando millones de personas inmigrantes de cinco continentes. Algunas con elevados niveles formativos, pero que fueron ocupados en empleos muy precarios. 

Aunque conviene destacar que, en paralelo, algunas empresas -aún pocas- han emprendido otro camino. De la mano de los sectores exportadores se han ido incorporando estrategias de innovación, que requieren calidad y estabilidad en el empleo. Así ha sido cómo, durante la gran recesión, España ha mantenido su cuota de participación en las exportaciones globales y desde entonces sigue creciendo. Son precisamente estas empresas más competitivas las que apuestan por la estabilidad en el empleo, la formación y mejores salarios. 

Que la legislación no es la culpable de los niveles de precariedad en el empleo lo confirma el hecho de que, con la misma ley, los índices de temporalidad son muy distintos en las CCAA y en sectores. Incluso difieren mucho en el mismo sector en función de cada Comunidad. Pero que la legislación no sea la culpable no significa que sea inocua. Durante años, la legislación laboral ha acompañado, cuando no incentivado, estas estrategias competitivas basadas en la precariedad laboral y los bajos salarios. Y ha sido un factor que la desincentivado la innovación empresarial.

En las últimas cuatro décadas, al calor de la hegemonía ideológica que hemos llamado ultraliberal a pesar de ser ultraintervencionista de clase, se ha instalado en el discurso dominante el paradigma de que nuestro modelo de relaciones de trabajo era muy rígido y que la legislación debía incorporar más flexibilidad. Bajo este bonito concepto de la flexibilidad -quién no quiere ser flexible- se han ido incorporando procesos de descausalización en la contratación, descausalización del despido, desregulación laboral e individualización de las condiciones de trabajo. 

Hitos importantes de este proceso fueron la reforma de 1984, que inició la legalización de los contratos temporales para cubrir actividades estables de la empresa, con la excusa del elevado desempleo. O la reforma de 1994 que estableció -contra la doctrina del Tribunal Supremo- que los trabajadores del transporte por carretera se presumía que eran autónomos. De esos polvos vienen los lodos actuales, un sistema logístico ineficiente, que se sustenta en la externalización de costes y riesgos de las empresas a sus trabajadores autónomos "autoexplotadores" de sí mismos y al medio ambiente. 

Durante cuatro décadas, la legislación ha facilitado la contratación temporal abusiva y el despido sin causa. Más supuestos de despido no disciplinario, casi desaparición de las causas de nulidad del despido -con readmisión obligatoria- desaparición de los salarios de tramitación y reducción de las indemnizaciones. Esta facilidad para el despido ha desincentivado todos los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas.

El punto culmen de esta estrategia legislativa fue el Decretazo del Gobierno Rajoy del 2012, aprobado en el tiempo récord de los primeros 51 días de gobierno, gracias a que fue redactado en grandes bufetes de abogados de empresa, pasó raudo por la sede de la CEOE y el Gobierno Rajoy le puso el sello del Consejo de Ministros. 

El objetivo ocultado de esa reforma legal fue aprovechar la gran recesión para producir cambios en una triple dirección: devaluar de manera estructural los salarios, desequilibrar la negociación colectiva en favor de la patronal y sustituir la flexibilidad pactada por la imposición unilateral de las empresas. 

Cuatro décadas en la misma dirección han dejado una legislación profundamente desequilibrada. Por eso siempre me ha parecido una ingenuidad hablar de la derogación integra de la reforma laboral, como si de golpe se pudiera desandar lo recorrido en 40 años. Por eso también me parecía un reto muy complejo reformar aspectos centrales de la actual regulación por la vía del acuerdo tripartito.     

Ya tendremos tiempo de analizar con detalle el contenido detallado de un acuerdo de gran complejidad técnica. Esto no ha hecho más que comenzar, porque después de la redacción definitiva -los flecos de los acuerdos los carga el diablo- y de la aprobación del Decreto Ley viene su convalidación en el Congreso -para la que el Gobierno de coalición no tiene la mayoría asegurada- y luego la más que probable tramitación como proyecto de ley en la que, como es lógico, todos los grupos que apoyan al gobierno querrán dejar su huella. 

De una primera lectura detecto cambios muy importantes en el paradigma sobre el que está construido este acuerdo. No solo de los que más se ha hablado, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, de manera que este no pueda fijar salarios más bajos que en el sectorial. O el mantenimiento de la aplicación del convenio, después de terminada su vigencia, mientras no sea sustituido por otro. 

Hay ámbitos del acuerdo que van más allá de revertir la reforma del PP del 2012 y abordan problemas enquistados. Especialmente lo que hace referencia a la contratación. 

De entrada, se recupera la fórmula de considerar que el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido y que los temporales son excepcionales y deben estar sometidos a causas muy estrictas. Vamos a ver cómo se resitúan las empresas y si se modifica o mantiene la práctica de usar fraudulentamente la contratación temporal. Puede ser decisivo que también se plantee la modificación de la ley de infracciones del orden social para que cada contrato hecho en fraude de ley dé lugar a una sanción, no como ahora, que una misma acta de inspección de trabajo supone una sola sanción, sean 3 o 100 los contratos fraudulentos. 

Me parece importante todo lo referido al contrato de formación en alternancia dirigido a garantizar el objetivo de formación de este contrato. También la inclusión de los contratos de obra y servicio de la construcción en la lógica del contrato indefinido con causa de rescisión tasada. 

Entre los aspectos más significativos se encuentra una nueva regulación para facilitar los ajustes en el trabajo sin despido, aprovechando la experiencia muy positiva de los ERTE. Eso por sí solo ya supone un cambio de orientación radical en favor de una flexibilidad pactada y controlada por la autoridad laboral. 

Por supuesto, como sucede en todas las negociaciones, todas las partes han tenido que hacer concesiones en relación con sus planteamientos iniciales. En eso consiste la negociación y los acuerdos – lo recuerdo para los desmemoriados. 

La CEOE ha asumido el riesgo de entrar en la lógica de condicionar los contenidos de la reforma, intuyendo que de no hacerlo sus intereses podían salir peor parados. Supongo que está arriesgada apuesta es lo que explica que cuatro organizaciones importantes de la patronal se hayan desmarcado del acuerdo, Anfac (automoción) Asaja (campo) Foment, de Catalunya, y CEIM, de Madrid. 

Intuyo que en la posición de la patronal puede haber influido la percepción de que también en el mercado de trabajo están cambiando cosas. En España no se ha producido la gran dimisión de EUA, pero comienza a haber indicios de que una menor presión del desempleo puede promover dinámicas de mejora de salarios y condiciones de trabajo.  

De la misma manera que los sindicatos habrán tenido que ceder en algunas de sus posiciones iniciales, por ejemplo, en no taponar suficientemente las formas del despido sin causa con la recuperación del despido nulo en estos casos. Una reforma acordada tripartitamente igual parece menos ambiciosa –está por ver cómo hubiera acabado sin acuerdo- pero es más estable social y políticamente. 

En todo caso, parece evidente que este acuerdo es una buena noticia para el conjunto del país. Consolida el factor de estabilidad que está aportando la concertación social frente a la crispación interesada que alimentan las derechas. Además, rompe con el discurso catastrofista de Pablo Casado y sitúa a España como referencia del diálogo social en la Unión Europea, cuando hasta hace poco éramos referencia de todo lo contrario.  

Este acuerdo nos ofrece una múltiple oportunidad. Para los trabajadores que pasan de perder derechos a recuperarlos y ganarlos. Para las empresas interesadas en abandonar la estrategia de la precariedad y apostar por la innovación, porque ahora tienen más incentivos para ello. Y para el conjunto del país que tiene una oportunidad de acompañar las grandes inversiones que suponen los fondos de la Unión Europea con reformas de calado, y además pactadas.  

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La propuesta de Bruselas que podría obligar a España a subir el salario mínimo a 1.200 euros al mes

 En España, el salario medio bruto anual alcanza los 24.000 euros

La propuesta sobre la regulación sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que está preparando la Comisión Europea (CE) obligará a los estados a aumentarlo hasta el 60% del sueldo mediano o del 50% del sueldo medio, que en el caso de España significaría incrementarlo hasta un mínimo de 1.200 euros brutos mensuales. CCOO y UGT han convocado movilizaciones el 11 de febrero para exigir más salario mínimo y derogar la reforma laboral.

De este modo, en un encuentro organizado por la Oficina del Parlamento Europeo y la Representación de la CE en Barcelona, lo han explicado las eurodiputadas Alícia Homes, de la Alianza de Socialistas y Democratas (S&D), y Rosa Estaràs, del Partido Popular Europeo (PPE), aunque la socialista fija el mínimo en 1.200 euros y la popular que lo sitúa en 1.400 euros brutos mensuales.

El director de la Dirección General de Ocupación, Asuntos Sociales e Inclusión de la CE, Jordi Curell, ha apuntado que la normativa prevé incrementar el SMI hasta el 60% del sueldo mediano de cada estado miembro o el 50% del sueldo medio. No obstante, los expertos advierten de que en España un salario de tales dimensiones puede perjudicar sobremanera la creación de empleo, sobre todo entre los sectores que se buscan proteger con el SMI.

Son solo escenarios propuestos

En todo caso, estos porcentajes son criterios propuestos y los estados miembros podrán escoger uno de los dos para situar su SMI.

Curell ha subrayado que esta propuesta "no intenta armonizar el SMI de todos los países, ni fijar un mecanismo obligatorio, ni impone la introducción de un SMI en los países que no lo tienen actualmente".

El directivo ha explicado que, en aquellos países en los que el SMI está determinado por ley como España, "se fijan criterios estables y fijos como la evolución del poder adquisitivo o el nivel y distribución de los sueldos más allá del SMI o la productividad" para establecer un sueldo mínimo.

La voluntad de la CE es "acabar con el fenómeno de los trabajadores pobres", ha apuntado Curell, por lo que la normativa obligará a limitar el uso de variaciones y deducciones que provoquen que el sueldo efectivo sea inferior.

Dudas sobre la jurisdicción

Estaràs ha mostrado dudas sobre la capacidad de la CE para poder legislar el SMI, ya que esta normativa "lo convertiría en jurisdicción de la CE y los Estados suelen ser reacios a ceder soberanía", por lo que la eurodiputada ha instado a esperar la respuesta del Consejo de Europa.

También ha asegurado que "el diálogo social no ha existido" ya que las organizaciones empresariales no han aceptado que la normativa sea obligatoria.

Mujeres y jóvenes

Por su parte, Homs ha asegurado que los principales beneficiarios de esta regulación serán las mujeres y los jóvenes, "los más afectados por los salarios bajos".

Para la eurodiputada socialista, "la presencia de trabajadores pobres es moral y socialmente reprobable" y ha destacado que los momentos de crisis son los más adecuados para realizar este tipo de actuaciones legislativas.

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«La subida del salario mínimo ha sido un éxito»

El Gobierno niega que esta medida haya destruido empleo, sino que asegura que hay 87.000 trabajadores más que cotizan 106 euros más al mes

Si hay quien pudiera culpar de la desaceleración del mercado laboral que se vuelve a percibir en noviembre a la fuerte subida que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) experimentó este año -al elevarse a los 900 euros al mes-, se equivoca, ya que esta medida no ha destruido empleo sino todo lo contrario. Así lo aseguró este martes el Gobierno, quien ha enviado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un primer informe sobre el impacto de este incremento del 22,3% que fue muy criticado por algunos partidos políticos y diversos organismos económicos.

«La subida del salario mínimo ha sido un éxito para la Seguridad Social, para el mercado de trabajo, para toda la sociedad española», dijo orgulloso el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien argumentó este optimismo con algunos datos que avanzó de este informe. El número de trabajadores que se mueven en el entorno del SMI se ha incrementado en el periodo estudiado en 87.250 personas, que además han elevado su base de cotización en 105,9 euros más al mes. Así, si en 2018 había 1.606.649 personas ganando el mínimo marcado por la ley por una jornada completa y cotizando por una base media real de 728,94 euros al mes, un año después el Ministerio contabiliza 1.693.899 trabajadores que cotizan por una base real media de 834,92 euros al mes.

Lo que sí admitió Granado fueron «problemas» en sectores como el de las empleadas del hogar, puesto que se han perdido casi 14.000 afiliadas en el último año. Sin embargo, negó que se trate de destrucción de empleo, sino que muchas han pasado a desempeñar trabajos mejores, como por ejemplo en plataformas digitales, y han sido «sustituidas por personas en situación irregular», reconoció por primera vez. De igual manera, también negó una disminución de trabajadores en el sector agrario, otro de los más afectados por el SMI, pero sí dijo que es «perceptible» «alguna disminución» del número de horas extra declaradas.

Pese a todo, Granado concluyó que «la economía española ha absorbido muy bien la subida del salario mínimo» y auguró que «hemos hecho una operación de economía política que será estudiada en los próximos años porque ha sido muy positiva para este país».

Por último, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, afirmó que no está «en condiciones de anticipar» cuánto subirá en 2020 el SMI, pero sí avanzó que se trabaja para que, si se da el escenario favorable (en alusión a una rápida formación de Gobierno), entrará en vigor el 1 de enero.

Fuente

A vueltas con la subida del salario mínimo: del alarmismo de la élite financiera a la prudencia de los expertos

Los economistas piden "prudencia sobre la interpretación de los resultados" del impacto de la subida del SMI a 900 euros "porque todavía no hay datos suficientes"

Los datos del paro en abril y la EPA del primer trimestre tiran por tierra las predicciones del BBVA o el Banco de España que vaticinaron la eliminación de decenas de miles de puestos de trabajo  

El mea culpa entonado esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al admitir que su previsión de que se iban a perder 40.000 empleos con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros ha destapado la inconsistencia con la que políticos, instituciones públicas y organismos privados se lanzan a predecir visiones apocalípticas sobre medidas económicas cuyos argumentos están vinculados a intereses o tienen más sustento ideológico que científico. 

En octubre de 2018 se daba a conocer la subida del 22% del SMI como una de las medidas recogida en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos, aunque la luz verde al incremento salarial no estaba vinculada a la aprobación de las cuentas públicas, como así ocurrió finalmente.

Desde su anuncio, la patronal CEOE censuró la medida como un ataque a la creación de empleo. El entonces candidato a la presidencia de la patronal Antonio Garamendi aseguró que con su aprobación "se rompía" el diálogo social y conducía a "un momento en el que las empresas no puedan pagar ni contratar a la gente" y  "a un escenario peor del que ya tiene España". José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de CEOE, llegó a decir que "la subida del salario minimo es un empleocidio" asimilando el acuerdo PSOE-Podemos como un "arma de destrucción masiva del empleo".

La tensión política incrementó aún más las salidas de tono sin una base argumentativa clara. Daniel Lacalle, gurú económico del PP, que en el pasado se había posicionado contra el SMI, declaró que "la subida del salario mínimo es una subida de impuestos encubierta" mientras que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se vio envuelto en una polémica cuando deslizó que si ganase las elecciones bajaría el salario mínimo el próximo año a los 850 euros mensuales. Tuvo que desdecirse unas horas después. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, alegó que no compartía "la política trasnochada, podemizada, de subir por decretazo los salarios", mientras que el responsable económico de Ciudadanos y cabeza de lista del partido para las elecciones europeas, Luis Garicano, apuntó que "lo que se hace con los salarios mínimos altos es poner una barrera a la incorporación de la gente al mercado de trabajo".  

El problema principal es que fuera del debate político, instituciones y empresas se lanzaron a cuantificar el supuesto desastre que caería sobre la economía española y el empleo. Además de la previsión fallida de la AIReF, Rafael Doménech, economista jefe de BBVA Research, en su artículo ¿Es bueno o malo que suba el salario mínimo? señaló que "las estimaciones de BBVA Research indican que en el bienio 2019-2020 se crearán entre 75.000 y 195.000 empleos menos que en ausencia de la subida del SMI". El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó de que los incrementos pronunciados del salario mínimo ponen en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes.

Pero fue un informe del Banco de España el que desató las mayores críticas sobre la subida del SMI. En ese estudio el organismo regulador, a partir de las supuestas consecuencias que tuvo el incremento del 8% del SMI en 2017, apunta que con la subida a 900 euros  "la incidencia sería particularmente elevada en determinados colectivos, como los de mujeres, jóvenes, trabajadores menos formados y empleados con contrato temporal. Una simulación del impacto potencial de la subida planteada para 2019, utilizando las estimaciones realizadas con la experiencia de 2017, aunque sujeta a una elevada incertidumbre al no existir subidas comparables anteriores, sugiere que el impacto sobre la probabilidad de perder el empleo sería claramente superior al estimado para 2017". Pese a las cautelas, el Banco de España se atrevió a pronosticar que el incremento del SMI podría suponer una "pérdida de empleo de alrededor de 125.000 trabajadores" en 2019.

Bruselas descartó impacto en la subida de 2017

Sin embargo, la Comisión Europea ya apuntó el año pasado que la subida del 8% del SMI en 2017 "no afectó al empleo significativamente", aunque avisa que futuras subidas podría afectar a colectivos como los jóvenes, con más dificultades para encontrar trabajo.

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El Gobierno niega con datos que la subida del salario mínimo perjudique el empleo

Granado asegura que no ha repercutido en la destrucción de puestos, ni se han reducido jornadas, ni se ha precarizado el empleo, pero sí ha mejorado los ingresos del sistema

La fuerte subida que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha experimentado este año no ha tenido efectos nocivos sobre el mercado laboral, tal y como algunos analistas pronosticaban, sino más bien lo contrario: la recaudación ha mejorado notablemente. Así lo confirmó este martes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, durante la rueda de prensa de los datos de afiliación y paro de marzo, que -a su juicio- muestran la «consolidación del crecimiento del empleo». Y, para demostrarlo, tiró de las cifras de los primeros tres meses del año para desmontar cinco argumentos que se han venido utilizando para poner en duda el efecto positivo de esta medida:

1. La subida del SMI hay quien decía que iba a provocar un desplazamiento de la afiliación del Régimen General hacia el RETA, de forma que se reducirían los trabajadores por cuenta ajena a favor de los 'falsos autónomos', puesto que además la base mínima de los autónomos es ahora bastante inferior a la del Régimen General. Desde enero hasta marzo, el número de asalariados ha aumentado un 3,40%, mientras que el RETA, un 0,73%. Si se compara con los meses precedentes, se mantiene el avance del Régimen General mientras baja el del RETA. Por tanto, no se ha dado una reconversión de trabajadores del Régimen General al del RETA, según recalcó Granado.

2. También se auguraba un descenso de afiliadas en el Sistema Especial del Hogar, el más vulnerable y precarizado. Sin embargo, la caída en este primer trimestre es la menos acusada de los últimos cinco años: 2.813 bajas menos que en 2018.

3. Y lo mismo sucede en el sistema agrario, el que más reacio se mostró a la subida del SMI, según admitió Granado. Sin embargo, sus cifras de estos tres primeros meses son «exactamente similares» a las precedentes, incluso menos malas que el año pasado (-36.469 en 2019 frente a -39.215 en 2018), por lo que no ha habido una «expulsión de trabajadores agrarios».

4. Algunos expertos vaticinaron que el nuevo salario mínimo iba a disminuir la duración de las jornadas. Pero en este trimestre hay 83.761 trabajadores más con jornada completa y 26.949 menos a tiempo parcial que en diciembre de 2018, lo que supone más incluso que en los años precedentes: un 0,83% más y un 0,82% menos, respectivamente.

5. Otro de los argumentos de los opositores era que iba a precarizarse el empleo, de forma que aumentarían los contratos de corta duración. En el sector privado, entre diciembre y marzo, hay 101.835 personas más con contratos indefinidos (un avance del 1,12%), y 45.022 menos con trabajos temporales (una caída del 1,06%).


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La escasez de talento seguirá siendo uno de los principales desafíos de las empresas tecnológicas en 2019

La práctica totalidad de las empresas tecnológicas en España tienen problemas a la hora de captar talento cualificado.

Así lo pone de relieve un estudio realizado por la empresa de selección, Hays, según el cual el 95 % de las compañías del sector tecnológico tienen dificultades para encontrar profesionales con una formación que se ajuste a sus necesidades.

El desequilibrio entre una demanda cada vez más exigente y una oferta poco cualificada es uno de los desafíos a los que se enfrentarán las empresas de tecnología en España el próximo año, junto con la fuga de talento y la falta de inversión en el sector tecnológico.

Precisamente esa alta demanda de profesionales cualificados provoca que exista mucha fuga de talento, una alta rotación y volatilidad. Ello obliga a las empresas a ofrecer salarios cada vez más altos para atraer talento, unos salarios que se han visto incrementados alrededor de un 10% año tras año.

Julien Mur, manager de la división de IT de Hays España, asegura que "la gran mayoría de las grandes empresas multinacionales que vinieron a España durante los últimos años para beneficiarse de salarios bastantes inferiores a los que se pueden practicar en Reino Unido, Francia o Alemania, se encuentran con una falta de perfiles cualificados, salarios cada vez más elevados y otras dificultades comentadas con anterioridad, por lo que España empieza a ser un país no tan atractivo".

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Los salarios de las grandes empresas crecen tres veces menos que los precios

La evolución del empleo continúa la senda de desaceleración con un crecimiento del 3% en junio, la cifra más baja desde abril de 2015

Los sueldos de las grandes empresas subieron en junio de 2018 un 0,5%, una décima menos que el mes anterior y la subida más moderada de todo el primer semestre del año, que se queda en un 0,7%, una cifra muy superior a la caída del 0,1% del año pasado. La tasa está en línea con los dos meses anteriores, pero bastante por debajo de las registradas en el primer trimestre de 2018, que fue del 0,8%, según el informe de Ventas, Empleos y Salarios en las Grandes Empresas que publicó este viernes la Agencia Tributaria.

Estos datos suponen que a pesar del aumento de las ventas de estas compañías con facturaciones superiores a los 6 millones de euros, al no subir los sueldos en la misma proporción que el IPC, el poder adquisitivo de los trabajadores baja profundamente. Y es que la inflación del mes de junio estuvo más de tres veces por encima, en el 2,3%.

El empleo también sube pero no lo suficiente. Creció en las grandes empresas un 3% en junio en comparación con el mismo mes de 2017, según el informe. Esta cifra confirma la continuación con «la senda de desaceleración» observada en el mes anterior. Ya son nueve meses consecutivos de caídas del crecimiento interanual y, según datos de la AEAT, no se registraba una cifra tan baja desde abril de 2015, cuando el indicador bajó al 2,9%.

Bajan las ventas

Bien es cierto que en este último mes de junio las ventas de las grandes empresas -deflactadas y corregidas de variaciones estacionales- han obtenido un fuerte retroceso. Así, aunque aumentaron un 2,1% respecto al mismo mes del año anterior, supone una dura bajada desde el 4,4% de mayo, quedándose en un 3,3% la tasa de este primer semestre, cuatro décimas por debajo que en 2017. «Se confirma la ligera moderación del crecimiento», aseguran desde la Agencia Tributaria, tanto para el total de ventas como para sus componentes interior y de exportaciones.

Respecto a las ventas interiores, crecieron en junio un 2%, también por debajo del ritmo de mayo (3,3%) y abril (2,9%) debido al descenso de las ventas dirigidas a bienes de capital (baja dos puntos porcentuales en solo un mes) que se quedan en el 1,9% en el segundo trimestre frente al 7,2% del anterior. En cambio, las dirigidas al consumo final experimentaron un repunte del crecimiento en este segundo trimestre hasta situarse en el 3,1%.

Por el lado de las exportaciones no hay buenos datos. En junio aumentaron un 2,9%, es decir, cuatro puntos menos que el mes anterior. Aún así, esta cifra compensa el elevado crecimiento que se registró en mayo y muestra la «elevada volatilidad» de las exportaciones mensuales, según la AEAT. En términos trimestrales el crecimiento es más estable, con una subida del 5%, solo dos décimas menos que en los tres primeros meses del año. Por componentes, la caída del crecimiento es tanto en las entregas a la UE como en las ventas a terceros países, aunque de forma trimestral solo son las de terceros las que reducen el crecimiento observado en el trimestre anterior.

El peso de los salarios sobre el PIB está en su nivel más bajo desde hace 30 años

La suma de todas las remuneraciones asciende a 550.000 millones de euros, lo que supone 9.500 millones menos que en 2008

La suma de todos los sueldos pagados en España el año pasado fue de 550.272 millones de euros. A pesar de que esta cifra supone un 3,3% más que la de 2016, el peso de los salarios en el conjunto de la economía española cae hasta el 47,3% del PIB, el más bajo desde hace 30 años. Y no hay que irse tan lejos en el tiempo. Justo antes del comienzo de la crisis, la parte de la riqueza del país que se destinaba a pagar nóminas estaba en el 50,1% en 2008 y rozando el 51% en 2009, pero a partir de ese momento ha ido bajando hasta los niveles actuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La crisis ha dejado claros perdedores: los trabajadores. Mientras que muchos se quedaron sin empleo, los que lo mantuvieron debieron de adaptarse a unas nuevas condiciones que, en la inmensa mayoría de los casos, fueron inferiores. El paro llegó a sumar 6,3 millones de personas, por lo que la devaluación de los salarios para quienes mantuvieron su puesto era la mejor noticia en esas circunstancias. Además, a partir de 2012 los españoles hicieron frente a la mayor subida del IRPF hasta 2015.

El problema principal es que a pesar de que España está creciendo en términos macroeconómicos y de recuperación de puestos de trabajo -el último dato del Ministerio de Trabajo de julio sitúa la cifra en 3,13 millones de parados, la más baja desde diciembre de 2008-, los salarios no lo han hecho en la misma medida. En el punto más alto del ciclo expansivo, la suma de todas las remuneraciones llegó a los 559.777 millones de euros. Esto significa que en 2008 se pagaban 9.500 millones más en sueldos que hoy, aunque esta cantidad ha ido mejorando desde 2013, cuando marcó el mínimo con 485.315 millones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó en una de sus primeras comparecencias en el Congreso que «España arrastra un problema endémico de salarios bajos, que no se explica únicamente por la evolución baja de nuestra productividad, sino también por la merma en el poder de la negociación de los trabajadores, favorecida por la reforma laboral del anterior Gobierno». Además, añadió que la «segmentación y elevada temporalidad» asociada a los empleos de «baja calidad» y salarios bajos «configuran una realidad que para este Gobierno no puede ser asumible».


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Análisis de los salarios en España: el sueldo más frecuente cae hasta los 16.497 euros

La brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo en 150 euros

País Vasco, Madrid y Navarra siguen como las CCAA con mayor sueldo

El 45,6% de los trabajadores cobra menos de 18.345 euros al año

El salario medio bruto de los trabajadores en España se situó en 23.156,34 euros anuales en 2016, lo que supone un incremento del 0,2% respecto al año anterior, según datos de la 'Encuesta Anual de Estructura Salarial', elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento está por debajo del registrado un curso antes, cuando alcanzó el 1,1%.

Sin embargo, el salario medio es el único que crece. El sueldo más frecuente se situó en 16.497,40 euros, un euro por debajo del registrado los dos años precedentes. El organismo estadístico explica esta diferencia entre el salario medio y el más habitual en que hay pocos trabajadores con salarios muy altos, pero que influyen notablemente en el salario medio.

En cuanto al salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) cayó hasta los 19.432,62 euros, lo que supone 34 euros menos que en 2015.

El 45,6% de los trabajadores gana menos de 18.345 euros al año, el equivalente a dos salarios mínimos. Esta situación afecta especialmente a las mujeres, ya que el 55% tienen un salario bruto por debajo de esa cantidad, mientras que en el caso de los hombres es del 36%.

En concreto, un 33% de los trabajadores tiene una remuneración de entre uno o dos salarios mínimos, mientras que el 12,5% cobra menos del equivalente a un salario mínimo.

Brecha salarial
En 2016 se redujo ligeramente la brecha salarial entre hombres y mujeres, hasta situarse en los 5.793 euros anuales, unos 150 euros menos que el año anterior. En el caso de los hombres, el sueldo bruto medio fue de 25.924,43 euros, lo que supone una caída de unos 70 euros, rompiendo una racha de dos años consecutivos de incrementos. Mientras que el sueldo medio de las mujeres se elevó hasta los 20.131 euros, 80 más que el curso anterior.

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GANADO EL JUICIO POR LA REVALORIZACION DEL TICKET RESTAURANT DEL COLECTIVO PRE-EDS

Excelentes noticias,

Ya tenemos la sentencia por la demanda que presentamos para reclamar la revalorización del TR del colectivo pre-EDS y ¡¡ha sido favorable!!

Esto significa que se nos reconoce el derecho a ver incrementado el importe del TR en un Euro por cada día y año hasta el máximo legal, 10€ en 2018 y 11€ en 2019, además de los atrasos por los tiquets de enero hasta la fecha de hoy.

La empresa dispone de opción a presentar recurso dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la sentencia, en breve sabremos si decide hacerlo, por nuestra parte le reclamaremos que no lo haga y que regularice las cantidades adeudadas cuanto antes. Lo siguiente es preparar la demanda para otros colectivos con una situación distinta, en paralelo, desde CCOO estamos trabajando en propuestas de homogenización de condiciones de todos los colectivos.

Esta demanda ha sido interpuesta por todos los sindicatos, era una situación tan irregular por parte de la empresa que no cabía otra, además de no tener justificación alguna. Como hemos comentado en otros comunicados, la empresa ha entrado en una espiral de recortes de derechos y condiciones que parece no tener límite, mucho más allá de lo razonable o incluso legal, como acabamos de ver.

No va a terminar aquí, no todas las reclamaciones van a tener tan buena solución legal como ésta, que era fácilmente argumentable, habrá otras que van a requerir planteamientos de movilización y debemos estar preparados y dispuestos a ello. Recordamos que la empresa ya ha planteado una modificación substancial de condiciones de trabajo en FDS (empresa del grupo DXC) para recortar derechos de forma muy importante allí y ha realizado una modificación de condiciones de facto al absorber los aumentos de antigüedad a aquellos colectivos que no lo tienen blindado por acuerdo o juicio, que hemos demandado también ante la Audiencia Nacional.

España, lejos de los países europeos en la meta de la ONU sobre trabajo decente

España registra peores datos que la media europea en siete de ocho indicadores sobre "trabajo decente y crecimiento económico" de la ONU analizados por Eurostat

Somos los líderes en trabajo temporal involuntario y, lejos de mejorar, aumentan las muertes relacionadas con el trabajo

España se ha comprometido a cumplir antes de 2030 el objetivo de "empleo decente" de Naciones Unidas junto a otras 16 metas para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza

Si busca un empleo "decente", le será más difícil encontrarlo en España que en otros países europeos. Es una de las conclusiones que se desprenden de una reciente comparativa de Eurostat respecto a la situación de los países miembros de la Unión Europea ante la meta de Naciones Unidas sobre "trabajo decente y crecimiento económico". Este objetivo es  uno de los 17 suscritos a nivel mundial en la ONU como hoja de ruta hasta 2030 para acabar con la pobreza y reducir la desigualdad. En siete de las ocho variables que analiza la agencia estadística, España sale peor parada que la media europea y, en muchos casos, a gran distancia.


El objetivo número 8 de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apuesta por "promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos". Una de las principales novedades de los ODS, plasmados en la Agenda 2030, es que por primera vez afecta también a los países ricos. La pobreza y la desigualdad no son solo cosa de los países empobrecidos: los estados llamados "desarrollados" tienen población excluida y en riesgo o bajo la pobreza a la que deben proteger.

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Soy ingeniero, llevo seis años en una multinacional y no llego a final de mes

La devaluación salarial que sufren los universitarios

Titulados como Sergio Moro, sierense de 30 años, tienen dificultades para independizarse pese a desempeñar trabajos de alta cualificación

Publicación en el diario de La Nueva España, Pablo Castaño Oviedo 23.05.2018 | 12:20

Sergio Moro, sierense de 30 años, es ingeniero técnico en Telecomunicaciones por la Universidad de Oviedo. Trabaja desde hace seis años como programador para una compañía estadounidense líder en la prestación de servicios de tecnologías de la información y con factoría en Asturias. Él es un "teleco" de una gran compañía, lo que cualquier padre firmaría para su hijo. "Sí, soy ingeniero y llevo seis años en una multinacional tecnológica, pero tengo dificultades para llegar a final de mes", asegura Moro.

Asturias es la región con mayor tasa de titulados universitarios en desempleo o en situación de pobreza laboral. Así lo destaca un estudio sobre población especialmente vulnerable ante el empleo elaborado por el asturiano Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Casi 27.000 asturianos están en esa situación y muchos son titulados que realizan trabajos precarios que no están acordes con su cualificación. Un "drama" según los sindicatos. "Pero también tienen dificultades para llegar a final de mes muchos titulados que consiguen trabajar en puestos relacionados con sus estudios superiores, e incluso en grandes compañías multinacionales vinculadas a sectores punteros como el de las nuevas tecnologías de la información.

"Mientras que cumplas con la media española de no salir de casa de tus padres hasta los 31 años no hay problema con un sueldo de 1.000 o 1.100 euros. Pero ponte a alquilar un piso como es mi caso. Vivo en Gijón y pago 450 euros al mes, que es un buen precio. Pero añade gastos de luz, agua, gas, teléfono... y paga un coche. Nunca he ahorrado más de 150 euros al mes y si tengo un susto, cualquier extra, pues entonces ya no llego a final de mes", explica Sergio Moro.

El joven sierense afirma que su situación no es aislada dentro de las multinacionales de las nuevas tecnologías de la información implantadas en Asturias. "Cuando te contratan te colocan en una categoría profesional muy baja, en mi caso correspondiente a un salario anual de 12.500 euros, y luego te complementan ese suelo con un concepto voluntario, una migaja que además va absorbiendo cualquier subida por renovación del convenio o antigüedad, de forma que pasan los años y tu sueldo no sube y esa es una estrategia muy extendida en el sector", explica Moro.

Beatriz Menéndez, luarquesa de 30 años y también ingeniera técnica de telecomunicaciones, asiente cuando escucha las palabras de Moro. "Cuando firmas no sabes realmente qué categoría profesional tienes dentro de las que figuran en el convenio estatal que rige el sector, porque las multinacionales utilizan las suyas propias, con términos en inglés que suenan muy bien pero que van ligados a salarios muy bajos", señala Menéndez, que asegura que en la compañía en la que trabaja "cerca del 80% de los empleados en realidad son programadores junior, como es mi caso, y llevo años estancada ahí aunque trabajo gestionando proyectos para otra multinacional a nivel de Europa, hablando en inglés todos los días y en algunos casos en francés".

Sergio Moro también es programador junior tras seis años en la misma multinacional tecnológica norteamericana. "Si sólo hiciera las labores que marcan esa categoría, pues vale, pero es que además mi empresa me pone tareas de administrador de sistemas, lo que comúnmente se denomina ingeniero informático, donde tú eres el escalafón más alto de contacto de cara el cliente. Me dan una responsabilidad de trabajo que tengo que cumplir; pero no recibo lo que debo a cambio, por lo que considero que es una forma de explotación", afirma Moro, que añade que ante esa situación "o acudes a los juzgados (opción que ya ha adoptado) o cambias de empresa porque no quieren negociar nada".