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miércoles, 10 de febrero de 2021

CCOO y UGT exigen al Gobierno la puesta en marcha de la agenda social

 


CCOO y UGT han dado el pistoletazo de salida a una campaña de movilización, bajo el lema ¡AHORA SÍ TOCA!, que se iniciará el próximo 11 de febrero con concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno (manteniendo todas las medidas de seguridad y distancias por la pandemia), para pedir al Ejecutivo que cumpla con los compromisos de la agenda de reformas sociolaborales, entre las que se encuentra la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la derogación de las reformas laborales y de pensiones de 2013.

Como ha subrayado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “esta movilización tiene como objetivo mandarle un mensaje nítido al Gobierno y a las organizaciones empresariales: hay que retomar la negociación de todos los asuntos que quedaron pendientes como consecuencia de la pandemia. Queremos fechas y que se convoquen las mesas de diálogo para recuperar la agenda social que necesita este país".

“LA MOVILIZACIÓN CONTINUARÁ SI EL GOBIERNO NO CUMPLE SUS COMPROMISOS”

Pedimos al Gobierno que ponga fecha y hora a las mesas de diálogo para abordar las negociaciones, corregir las reformas dañinas e ineficaces y que se cumplan los compromisos adquiridos


miércoles, 3 de junio de 2020

Finlandia, la renta básica y el ingreso mínimo vital

Lo primero que deberíamos aprender de nuestros vecinos finlandeses es a usar la evidencia, y no el prejuicio, para definir nuestras políticas públicas


En medio de la pandemia, esta semana Finlandia ha hecho públicos los resultados finales del experimento que llevó a cabo entre 2017 y 2018 sobre la implementación de la Renta Básica Universal. Un experimento que sorprendió a todos los interesados en el tema por su tamaño, su vocación de extraer conclusiones específicas y su carácter de oficial: se hacía, efectivamente, con fondos públicos y con el objetivo de extraer lecciones para la política social finlandesa, en un período de profunda transformación de la misma.

El experimento, llevado a cabo durante dos años, consistía con seleccionar aleatoriamente a 2000 personas desempleadas, ofrecerles una renta incondicional de 580 euros durante dos años, y comparar la evolución del grupo respecto de otras 173.000 personas que conformaban lo que en términos de estos experimentos se denomina “grupo de control”. Dos años más tarde, se inició el análisis intentando identificar qué efectos había tenido dicha renta en el bienestar de las personas y en su probabilidad de encontrar un empleo. La renta se percibía, durante ese tiempo, con independencia de la conducta de las personas: tanto si el desempleado encontraba empleo como si no, tanto si se la gastaba en casas de apuestas como si invertía en su formación.

La respuesta a la que se quería responder era averiguar si la renta básica era un mejor sistema para activar a las personas a encontrar un empleo. Si así fuera, Finlandia podría seguir investigando sobre la posibilidad de sustituir sus programas sociales actuales. De no ser así, se buscarían nuevas alternativas.

Tres años más tarde del inicio del experimento, hemos conocido sus resultados definitivos. La población sometida a la Renta Básica mejoró en mucho su bienestar social y psicológico y su disposición a trabajar no se vio afectada. El experimento finlandés confirma así algunos de los resultados ya ofrecidos por otros experimentos de carácter más limitado y alcance más local: si atendemos a los experimentos realizados, la renta básica universal, al contrario de lo que no se cansan de repetir sus detractores inmunes a la evidencia,  no desincentivaría el trabajo. 

Una conclusión interesante para sus defensores pero insuficiente para las autoridades finlandesas. El gobierno de Finlandia no quería probar si la renta desincentiva el empleo, sino si su percepción mejoraba las perspectivas de acceder al mismo, en comparación con la gente que no la percibía. En otras palabras: no quería medir su impacto en el bienestar -o no sólo- sino, sobre todo, su eficacia como política de empleo. Y aunque el estudio ha mostrado que la gente que recibía la renta ha trabajado, en promedio, más que aquellos que no la percibieron, la diferencia no es lo suficientemente grande como para justificar el enorme coste de su implementación. Por esto, y no por otra cosa, se habla de “fracaso” en el experimento finlandés.

Desde luego, se puede argumentar, como lo hace el propio informe, que los cambios legislativos en las políticas activas de empleo en Finlandia, acontecidos en 2018, han contaminado tanto el resultado que ha dejado el experimento, en ese ámbito, sin apenas validez. También se puede argumentar que si bien los resultados globales no son todo lo significativos que cabría esperar, sí lo son para sectores específicos de la población. Pero segmentar la población para acceder a una renta básica universal es contradictorio: si es universal, no se segmenta, y si se segmenta, deja de ser universal.

Finalmente, todo parece indicar que el mecanismo preferido por el gobierno finlandés será la implementación de un impuesto negativo sobre la renta, mucho más barato y que afectará únicamente a aquellos que estén trabajando.

La repercusión en medios del experimento finlandés no se ha hecho esperar. Se ha hablado de fracaso del experimento, intentando extrapolar una lectura retorcida de sus conclusiones al caso de la futura renta mínima en España. Craso error que sólo se explica con un profundo desconocimiento de la materia combinado con un fuerte sesgo ideológico y partidista. Los experimentos sólo fracasan cuando no ofrecen conclusiones, y este experimento las ha ofrecido: la renta básica aumentó el bienestar de sus perceptores sin desincentivar su acceso al empleo.

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