La contratación indefinida alcanza el 30,7% del total de los nuevos contratos y el paro baja en 2.921 personas en el mes de marzo

 

• En este mes, 513.677 contratos indefinidos, la mayor cifra de cualquier mes de la serie histórica.
• En el primer trimestre del año se han firmado 1.069.190 contratos indefinidos.
• El paro ha descendido en 840.877 personas (-21,29%) respecto al mismo mes del año anterior, la mayor reducción interanual de la serie histórica.
• El paro femenino baja en 446.671 mujeres (-19,61%) respecto a marzo de 2021.
• En términos interanuales, el paro entre los jóvenes se ha reducido un 34,9%, hasta un total de 232.845, la menor cifra en un mes de marzo.

4 de abril de 2022.– El número de personas en desempleo registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de marzo, ha descendido en 2.921 respecto al mes anterior (-0,09%). El paro registrado se sitúa en 3.108.763 personas, la menor cifra registrada en este mes desde marzo de 2008.

Respecto a marzo de 2021, el paro ha descendido en 840.877 personas (-21,29%) la mayor reducción interanual de la serie histórica.

Contratación

El número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha ascendido a 1.671.841. Supone una subida de 267.734 (19,07%) sobre el mismo mes del año 2021.

La contratación indefinida registra 513.677 contratos, récord absoluto para cualquier mes de la serie histórica que representa el 30,73% de todos los contratos.

Se han firmado 306.486 contratos indefinidos más (147,92%) que en el mismo mes del año anterior.

Haciendo un balance trimestral, la contratación acumulada en los primeros tres meses de 2022 ha alcanzado la cifra de 4.712.230, lo que supone 793.410 contratos más (20,25%) que en igual periodo del año anterior.

Se han firmado 1.069.190 contratos por tiempo indefinido hasta marzo de 2022, un ascenso de 605.377 (130,52%) sobre el mismo periodo del año 2021.

Comparado con marzo de 2019 se han realizado 334.000 contratos indefinidos más y 372.000 contratos temporales menos.

El paro por sexo y edad

El desempleo femenino desciende en el mes de marzo con respecto al mes de febrero en 9.219 mujeres (-0,50%) hasta un total de 1.831.428 paradas registradas.

El desempleo masculino se incrementa en 6.298 personas (0,50%) y se sitúa en 1.277.335 parados registrados.

Si lo comparamos con marzo de 2021, el paro femenino baja en 446.671 mujeres (-19,61%). El paro masculino también se reduce en 394.206 hombres (-23,58%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años sube en el mes de marzo en 7.365 personas (3,27%) respecto al mes anterior.

En términos interanuales se ha reducido un 34,9%, hasta situar el total de parados jóvenes en 232.845, la menor cifra en un mes de marzo.

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Yolanda Díaz confirma la derogación de la reforma laboral para este año: "Los plazos en derecho no se discuten, se cumplen"

 La vicepresidenta de Trabajo presenta las reformas que desplegará su ministerio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se compromete a llevarlas a cabo (incluida la derogación de la reforma laboral del PP) en este año: "El presidente y yo estamos más unidos que nunca, la legislatura empieza ahora", asegura.

Para la vicepresidenta tercera de Trabajo y Economía Social no hay ninguna duda de que en 2021 el ministerio que dirige podrá acometer la renovación y transformación del mercado de trabajo comprometida con Bruselas y que contiene, entre otras reformas, la derogación de la reforma laboral del PP. Yolanda Díaz lo ha dejado claro este lunes, durante la presentación del denominado "componente 23", las estrategias, transformaciones y cambios que llevará a cabo el Ministerio de Trabajo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante la exposición, la vicepresidenta se ha mostrado convencida de que las reformas que ha desgranado (simplificación de contratos, integración de los jóvenes en el mercado de trabajo con condiciones dignas, igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, acabar con la temporalidad o reequilibrar la negociación colectiva, entre otras), se van a desplegar en 2021.

En este sentido, ha sido interpelada a raíz de las importantes diferencias y las distancias que existen en muchos de estos temas entre los sindicatos y las patronales, un supuesto que, ha insistido Díaz, no va a llevar en ningún caso a que las negociaciones para que estas reformas salgan adelante se prolonguen más allá de este año: "Los plazos en derecho no se discuten, se cumplen. Nos hemos fijado una fecha y hay que cumplirla; los fondos europeos dependen en parte de esto. Los agentes sociales llevan muchos meses trabajando en silencio y con discreción, y hemos avanzado mucho", ha asegurado, aunque no ha querido desvelar acuerdos concretos para, ha defendido, no  entorpecer al diálogo social.

La vicepresidenta se ha referido varias veces a estos avances y acercamientos entre los agentes sociales en lo que se refiere a las transformaciones del mercado laboral que el Gobierno quiere desplegar en 2021. "El componente 23 que regula el mercado de trabajo en España es archiconocido por los agentes sociales. Nunca les doy plazos, pero en este caso nos jugamos nuestro país".

Díaz ha desgranado algunas de las reformas concretas que Trabajo quiere desarrollar y ha incidido, sobre todo, en el empleo joven y en la modernización de las relaciones laborales. En esta línea, ha recordado que se van a desplegar más de 435 millones de euros para propiciar habilidades y capacitación a los trabajadores jóvenes y a los mayores de 45 años para ponerlos "en el centro" de las transformaciones que se recogen en el plan de recuperación (sobre todo en lo que se refiere al plan de digitalización y al de transición ecológica).

La vicepresidenta ha insistido en que el componente 23 y las grandes transformaciones que quiere desplegar Trabajo son una enmienda a las políticas de empleo de los últimos años, en especial las del PP: "Nunca más escucharemos un gobierno que les diga a los ciudadanos que toca apretarse el cinturón, ha llegado la hora de devolver derechos".

En esta línea ha desvelado que el plan de recuperación despierta mucha "ilusión" en el seno del Ejecutivo y que su relación con el presidente, Pedro Sánchez, es muy buena: "Estamos ilusionados desde el Gobierno, con más fortaleza que nunca. El presidente y yo estamos más unidos que nunca, la legislatura empieza ahora y los cambios empiezan ahora. Queda mucho por hacer, pero la legislatura se va a culminar, vamos a trabajar mucho, bien y conjuntamente, y lo haremos de la mano del diálogo social", ha concluido.

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Trabajo abre la puerta a derogar la reforma laboral aunque no haya acuerdo con la patronal

 La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se compromete a buscar el acuerdo en el marco del diálogo social, pero advierte de que no puede existir un derecho a veto para ninguna de las partes. "El diálogo social es un proceso, no un resultado", recuerda.

El Gobierno buscará el acuerdo con los agentes sociales sobre la derogación de la reforma laboral hasta el final, pero si no se produce, asumirá su obligación de legislar para garantizar que ninguna de las partes tiene derecho a veto. Así lo ha apuntado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante un coloquio celebrado el pasado 4 de febrero por la fundación Espacio Público.

Preguntada sobre qué pasará si no hay acuerdo en esta materia (está previsto que las negociaciones comiencen en un breve periodo de tiempo, después de que la próxima semana se cierre la mesa de diálogo que aborda la regulación de las plataformas digitales), Díaz ha insistido en la importancia del diálogo social y ha puesto en valor las negociaciones que se han producido en esta legislatura con los sindicatos y la patronal respecto a medidas como los ERTE.

Simplificación de contratos, refuerzo de la negociación colectiva y digitalización: la reforma laboral que se abordará en 2021

Sin embargo, ha advertido de que "el diálogo social es un proceso, no un resultado" y ha recordado que algunas medidas se han sacado adelante a través de acuerdos "bipartitos", sin el concurso de la patronal. "Lo que tiene que garantizar el Gobierno es que exista diálogo social, pero sin derecho de veto, porque el veto no es diálogo", ha insistido. La ministra ha puesto el ejemplo de la negociación acerca de las plataformas digitales, que incluye la regulación de los denominados riders: "Si una de las partes no está de acuerdo, se va a legislar".

También se ha referido a que tanto el contexto en el que se va a abordar la derogación de la reforma laboral como los diferentes compromisos suscritos son cruciales para que el Gobierno legisle aunque no haya un acuerdo de todas las partes en la mesa de diálogo: "El acuerdo de Gobierno es muy claro y nos hemos presentado a una investidura con este acuerdo de gobierno, por lo que hay una mayoría en la Cámara; además, estas propuestas las hemos remitido a Europa y tenemos un compromiso".

El Congreso da un nuevo paso para reformar la ley mordaza con el único rechazo de PP y Vox

Díaz se ha mostrado "muy optimista" con la posibilidad de alcanzar un acuerdo y ha destacado que "nuestro país está siendo ejemplar" en diálogo social: "Lo estamos haciendo de libro por primera vez en muchos años. Ellos (los agentes sociales) se sientan a trabajar y precepto a precepto van constituyendo las normas".

En el coloquio organizado por Espacio Público también han participado los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y Comisiones Obreras, Unai Sordo, además del secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Toni Ferrer. Ha moderado el debate la directora de Público, Virginia Pérez Alonso.

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CCOO y UGT exigen al Gobierno la puesta en marcha de la agenda social

 

CCOO y UGT han dado el pistoletazo de salida a una campaña de movilización, bajo el lema ¡AHORA SÍ TOCA!, que se iniciará el próximo 11 de febrero con concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno (manteniendo todas las medidas de seguridad y distancias por la pandemia), para pedir al Ejecutivo que cumpla con los compromisos de la agenda de reformas sociolaborales, entre las que se encuentra la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la derogación de las reformas laborales y de pensiones de 2013.

Como ha subrayado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “esta movilización tiene como objetivo mandarle un mensaje nítido al Gobierno y a las organizaciones empresariales: hay que retomar la negociación de todos los asuntos que quedaron pendientes como consecuencia de la pandemia. Queremos fechas y que se convoquen las mesas de diálogo para recuperar la agenda social que necesita este país".

“LA MOVILIZACIÓN CONTINUARÁ SI EL GOBIERNO NO CUMPLE SUS COMPROMISOS”

Pedimos al Gobierno que ponga fecha y hora a las mesas de diálogo para abordar las negociaciones, corregir las reformas dañinas e ineficaces y que se cumplan los compromisos adquiridos

Revista de la Confederación Sindical de CCOO

La falsa dicotomía entre mantener la salud o salvar la economía

Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra y Director del JHU-UPF Public Policy Center

Un argumento que están promoviendo opinadores y políticos de sensibilidad neoliberal próximos a sectores del mundo empresarial de la mayoría de los países a los dos lados del Atlántico Norte es que hay que terminar con las medidas de confinamiento (que algunos, incluso, subrayan que nunca tendrían que haberse iniciado), pues estas medidas están amenazando con colapsar la actividad económica del país. En su mayoría, dichos opinadores son conscientes de que tales medidas son necesarias para controlar la propagación del coronavirus, que está causando un gran número de muertes. Aun así, argumentan que tal número es relativamente bajo, pues la gran mayoría de personas contagiadas con tal virus sobreviven y solo entre los ancianos la mortalidad es elevada. Consideran, pues, que tales muertes significan un coste relativamente menor y asumible (pues la mayoría de la población no queda afectada), coste que, además, es necesario para salvar la economía. Como dijo el vicegobernador del Estado de Texas en EEUU, Dan Patrick, en una entrevista en el canal Fox News, los abuelos de ese país deberían aceptar su muerte a fin de salvar la economía para sus nietos. Y hay algunas de estas voces que incluso piensan (aunque no lo dicen) que esta alta mortalidad entre loa gente mayor facilitaría la salvación del sistema de pensiones público, que hoy consideran insostenible. El ministro de Finanzas japonés, Tarō Asō, así lo insinuó en una ocasión. Para tales voces, lo más importante ahora es salvar la economía y reanimarla para que continúe. De lo contrario, todos tendremos problemas más graves que la pandemia: el paro y la falta de trabajo. Como dijo el presidente de EEUU, Donald Trump, "no podemos permitir que la cura sea peor que el problema".

¿Cuál es la economía que se quiere salvar?

Tal argumento podría parecer lógico y coherente, pues la actividad económica es imprescindible en cualquier país. Pero tiene un fallo muy grave. Y es que lo que se quiere salvar (y que llaman "la economía") son las políticas económicas que han sido, en gran parte, la causa de las enormes tragedias que están amenazando la propia supervivencia del ser humano (tanto la crisis climática como la enormemente insuficiente respuesta a la epidemia), consecuencia del enorme debilitamiento de los servicios de protección social como resultado de la aplicación de las políticas públicas neoliberales (que incluyen medidas como las de austeridad, que han mermado sectores como el sanitario y los servicios sociales, y reformas laborales que han incrementado masivamente la precariedad), las cuales caracterizan la economía que quiere salvarse.

En realidad, el sistema económico dominante se basa, hoy, en una producción y distribución de bienes y servicios que se rige por unas leyes del mercado que priorizan sistemáticamente a aquellos individuos y sectores de la población que tienen mayor capacidad adquisitiva, a costa de todos los demás. Y todo ello para el beneficio de minorías propietarias y gestoras de los medios de producción y distribución, cuyos beneficios económicos –sus intereses particulares- se anteponen al bien común de toda la ciudadanía.

¿Quiénes son los ganadores y los perdedores en esta economía?

La pandemia ha mostrado con toda claridad las consecuencias de este sistema económico. Durante los últimos años de la Gran Recesión se optimizaron estos intereses particulares, de manera que los beneficios de las minorías que derivan sus rentas de la propiedad y gestión de tales medios de producción y distribución se conseguían a costa de la reducción de los ingresos de la gran mayoría de la población, que adquiere sus rentas a través del trabajo y ocupación en tales medios, predominantemente mediante salarios. Un ejemplo de ello es España, donde las primeras rentas (las del capital) subieron, pasando de representar un 42,8% de todas las rentas en 2008 a un 46,5% en 2019, mientras que las segundas (las del trabajo) descendían durante el mismo período de un 57,4% a un 53,5%. Y ello se consiguió, primordialmente, a costa de reformas laborales regresivas (que aumentaron la precariedad) y de unos recortes del gasto público, primordialmente social, que debilitaron enormemente el mundo del trabajo. Tales recortes causaron las enormes carencias del sector sanitario, incluyendo la falta de respiradores (que se necesitan para poder salvar vidas) y de equipamiento protector (como son las mascarillas, las batas, los guantes y un largo etcétera) para los profesionales y trabajadores del sector sanitario y de todos los servicios esenciales. Todos estos recortes y reformas laborales se hicieron para "salvar la economía" (es decir, los intereses del mundo del capital), interpretando la economía como un sistema que favorece a una minoría (las clases pudientes) a costa de la gran mayoría de la población. Hoy, los niveles de vida y la protección social de esta mayoría están peor que antes de que se iniciaran tales políticas neoliberales. Y estamos viendo ahora las mismas voces utilizando el mismo argumento, subrayando que hay que permitir que la gente (y muy en especial, los ancianos) se mueran para salvar tal economía (esto es, sus intereses).

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«La subida del salario mínimo ha sido un éxito»

El Gobierno niega que esta medida haya destruido empleo, sino que asegura que hay 87.000 trabajadores más que cotizan 106 euros más al mes

Si hay quien pudiera culpar de la desaceleración del mercado laboral que se vuelve a percibir en noviembre a la fuerte subida que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) experimentó este año -al elevarse a los 900 euros al mes-, se equivoca, ya que esta medida no ha destruido empleo sino todo lo contrario. Así lo aseguró este martes el Gobierno, quien ha enviado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un primer informe sobre el impacto de este incremento del 22,3% que fue muy criticado por algunos partidos políticos y diversos organismos económicos.

«La subida del salario mínimo ha sido un éxito para la Seguridad Social, para el mercado de trabajo, para toda la sociedad española», dijo orgulloso el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien argumentó este optimismo con algunos datos que avanzó de este informe. El número de trabajadores que se mueven en el entorno del SMI se ha incrementado en el periodo estudiado en 87.250 personas, que además han elevado su base de cotización en 105,9 euros más al mes. Así, si en 2018 había 1.606.649 personas ganando el mínimo marcado por la ley por una jornada completa y cotizando por una base media real de 728,94 euros al mes, un año después el Ministerio contabiliza 1.693.899 trabajadores que cotizan por una base real media de 834,92 euros al mes.

Lo que sí admitió Granado fueron «problemas» en sectores como el de las empleadas del hogar, puesto que se han perdido casi 14.000 afiliadas en el último año. Sin embargo, negó que se trate de destrucción de empleo, sino que muchas han pasado a desempeñar trabajos mejores, como por ejemplo en plataformas digitales, y han sido «sustituidas por personas en situación irregular», reconoció por primera vez. De igual manera, también negó una disminución de trabajadores en el sector agrario, otro de los más afectados por el SMI, pero sí dijo que es «perceptible» «alguna disminución» del número de horas extra declaradas.

Pese a todo, Granado concluyó que «la economía española ha absorbido muy bien la subida del salario mínimo» y auguró que «hemos hecho una operación de economía política que será estudiada en los próximos años porque ha sido muy positiva para este país».

Por último, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, afirmó que no está «en condiciones de anticipar» cuánto subirá en 2020 el SMI, pero sí avanzó que se trabaja para que, si se da el escenario favorable (en alusión a una rápida formación de Gobierno), entrará en vigor el 1 de enero.

Fuente

La OCDE insta a los gobiernos a intervenir para proteger los convenios sectoriales

Alerta sobre la desaparición progresiva de la negociación salarial colectiva a pesar de ser clave «para el buen funcionamiento del mercado laboral»

La negociación salarial colectiva está desapareciendo poco a poco de los países que componen la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) a pesar de la «clara correlación» entre estos sistemas y unas condiciones laborales beneficiosas tanto para los trabajadores como para la patronal, según advierte el propio organismo en el informe 'Negociando nuestro camino' presentado este lunes.

Algunos modelos de negociación colectiva como los de coordinación salarial son «particularmente efectivos» para lograr mayores tasas de empleo y más integración de grupos vulnerables en países como España, en comparación con sistemas totalmente descentralizados. Por ello, desde la institución instan por primera vez a los gobiernos a intervenir para fomentar este tipo de acuerdos que proporcionen un marco global de condiciones laborales por sectores, aunque también permitiendo que la condiciones concretas sean negociadas a nivel de empresa.

Menor confianza en los sindicatos

El estudio de la OCDE advierte de que la tasa media de afiliación en los 36 países que componen la organización se ha reducido a la mitad desde 1975, del 33% de aquel año a solo el 16% en 2018. El porcentaje es aún menor entre los trabajadores temporales o autónomos, que tienen un 50% menos de probabilidades de pertenecer a un sindicato, según sus cálculos. Además, el porcentaje de trabajadores bajo convenios colectivos ha caído del 46% en 1985 al 32% en 2017, con disminuciones «particularmente drásticas» en los países del centro y este de Europa.

El porcentaje de empleados bajo convenios colectivos cae del 46% en 1985 al 32% en 2017 en el conjunto de la OCDE

Sin embargo, alerta de que la negociación colectiva es «esencial» para ayudar a los trabajadores y a las empresas a adaptarse a los cambios en el mercado laboral y «garantizar un mundo inclusivo y próspero». En su opinión, la reducción de la capacidad de negociación sindical se debe al aumento de la competencia global y a la contracción del sector secundario, aunque la organización no concreta en profundidad las causas que justifican este fenómeno.

De estas cifras se desprende la caída de la confianza de los ciudadanos en los sindicatos, aunque varía considerablemente de un país a otro y se correlaciona con el nivel de cada uno con las instituciones en general. En 2010, el 40% de los ciudadanos declaraba confiar en los sindicatos, aunque variaba del 65% en países como Finlandia o Dinamarca hasta el 25% en Estados Unidos y México. El informe revela que durante la crisis el nivel de confianza ha aumentado en los países del este de Europa, mientras que ha disminuido «significativamente» en los países más afectados: Grecia, Irlanda y España.

Reforma laboral en España

Sobre la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en 2012 y sobre la que la OCDE siempre ha tenido buenas palabras, explica que el «principio de favorabilidad» se abolió dando prioridad a los acuerdos a nivel de empresa que los convenios sectoriales. Pero el informe revela que en algunos países, como España, «no se ha hecho un uso significativo» de ello, es decir, que su aplicación ha sido bastante «limitada».

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Los sindicatos critican la sentencia del Constitucional que avala el despido por bajas justificadas

CCOO y UGT piden a los partidos que se pronuncien contra el fallo y deroguen la reforma laboral que permite este tipo de despidos

Los sindicatos CC OO y UGT han tachado de “inhumana y despiadada” la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que considera objetivo el despido de un trabajador que falte el 20% o más de días laborales durante dos meses, aunque sea con justificación. Los portavoces sindicales, en una rueda de prensa conjunta realizada este martes, han instado a todos los partidos políticos a sumarse contra la sentencia y a derogar la reforma laboral que sostiene este tipo de despidos. Las dos asociaciones de trabajadores han asegurado que llevarán el caso ante Bruselas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “El convenio de la OIT deja claro que el despido debe basarse en una causa justa. Nunca se puede basar en ausencia por enfermedad”, ha afirmado Unai Sordo, secretario general de CC OO.

El fallo viene a aclarar una duda prejudicial de un juzgado de lo social de Barcelona por la posible vulneración de los derechos fundamentales de una trabajadora que fue despedida tras faltar nueve días de 40 (ocho de ellos justificados). La sentencia avala el despido de la empleada, en base a la “libertad de empresa y defensa de la productividad” y declara constitucional el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012, que había quedado en duda por el juzgado barcelonés.

Los portavoces han criticado que dicha reforma laboral –que motivó dos huelgas generales– solo ha servido para precarizar el empleo. “La reforma prometió traer estabilidad al empleo, y hoy hay más contratos temporales, más paro y salarios más bajos”, han sentenciado. “¿Se puede conducir un vehículo con material inflamable enfermo? ¿O acudir a la oficina con una gripe y contagiar a los demás trabajadores”, ha cuestionado Álvarez. “Esta sentencia sustituye el juicio de los profesionales de la salud por la opinión de unos magistrados de un tema del que no tienen ni idea”, ha continuado, enfatizando los peligros que conlleva forzar a los empleados a acudir el trabajo pese a estar enfermos. “Es una temeridad, incrementa el riesgo de accidente laboral”, ha explicado Sordo, quien ha comunicado que pedirán a comités de empresa y delegados de personal que manden sus opiniones al TC como medida de presión.


Los portavoces han alertado también del posible “efecto contagio” que puede generar esta sentencia que, dicen, la patronal CEOE ha recibido con brazos abiertos. “Vamos a identificar a las empresas que usen esta artimaña para despedir a los trabajadores”, ha advertido Sordo, para quien el artículo 52 “sigue teniendo visos de inconstitucionalidad.

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Las empresas se ahorran más de 11.500 millones al año en las horas extras no pagadas

CC OO insta a la Inspección a actuar con «contundencia» para garantizar el registro horario ya que más de un millón de trabajadores excede su jornada

En un momento en el que la obligación de las empresas de llevar un registro de jornada de sus trabajadores sigue siendo cuestionada desde diferentes ámbitos -CEOE, Cepyme, la asociación de autónomos ATA... pero también diversos colectivos de profesionales como la abogacía-, CC OO ha querido dar un golpe en la mesa para demostrar la necesidad de implantar por ley sistemas fiables de control. Y lo ha hecho con la presentación de un informe elaborado desde su gabinete técnico pero basado en microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en el que hace una estimación del impacto económico -y a su vez humano- que tiene el hecho de que casi la mitad de las horas extras que se realizan en España no se paguen.

Y las cifras que arroja este estudio son cuando menos llamativas: al menos 11.500 millones de euros y más de un millón de trabajadores afectados. Es decir, las empresas se ahorraron el año pasado entre 11.500 y 13.000 millones de euros al no haber pagado ese elevado número de horas que sus empleados dedicaron fuera de su horario laboral.

Para llegar a este cálculo el informe tira de datos de la EPA y compara la jornada pactada con la jornada efectiva, concluyendo que durante 2018 un total 1.046.000 personas realizaron una jornada completa superior a la que figura en su contrato. Esto -y sin computar a los trabajadores con jornadas a tiempo parcial, ya que no son demasiado significativas- supone que casi un 8% de los asalariados trabaja más tiempo del debido y sin recibir dinero a cambio, una media de 10,5 horas más a la semana. Y, de igual manera, representa que cada semana se trabajan 11 millones de horas extra sin remuneración, lo que equivale a 276.000 puestos de trabajo a tiempo completo a razón de 40 horas semanales.


Si se tiene en cuenta que el coste laboral medio (se incluye aquí el salario y las cotizaciones) por hora efectiva trabajada es de 20 euros en 2018 -según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE-, el coste total de la extensión no retribuida de la jornada ascendería a 11.510 euros, una cantidad que CC OO estima además que se queda corta porque es un «fenómeno muy relacionado con los trabajadores de cuello blanco», es decir, afecta fundamentalmente a los directivos y a los técnicos, con lo que el coste de 20 euros por hora es poco, según apuntó Carlos Martín, responsable del gabinete económico confederal de CC OO.

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Unai Sordo: “Si el Gobierno que se constituya no cambia la reforma laboral estaría planteando un conflicto con los sindicatos”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha sentado este jueves (27 de Junio de 2019) ante los micrófonos de Radio Nacional de España para analizar la actualidad política y social del país y pedir responsabilidad a los partidos de izquierda ante la eventualidad de la conformación de Gobierno “con la amplia agenda social” que necesitan trabajadores y trabajadoras. Una agenda que pasa por la reformas, laboral y de pensiones, y otros cambios estructurales y de futuro parta acabar con la precariedad laboral y vital de millones de ciudadanos. Sordo advirtió a PSOE y Unidas Podemos, que si el Gobierno que se constituya finalmente no toca la reforma laboral estaría encendiendo la mecha “de un enfrentamiento con los sindicatos. Esto está garantizado”.

"Desde luego, el PSOE, Unidas Podemos o quien sea tienen que tener claro que si no se toca la legislación laboral, tendrá garantizado un conflicto con los sindicatos", ha indicado Sordo en el transcurso de la entrevista cuando ha sido inquirido sobre la posición favorable de ciertos sectores del PSOE a no tocar esa legislación.

De esta manera, el líder sindical ha dejado claro que la corrección de la reforma laboral es para el sindicato, una condición previa a la negociación pretendida por el PSOE de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. De lo contrario, avisa Unai Sordo, los empresarios irían a esa negociación con las ventajas que les otorgó la reforma laboral de 2012."Si queremos abordar la negociación de un Estatuto de los Trabajadores en profundidad previamente hay que reequilibrar las relaciones laborales entre los sindicatos y el empresariado, que la reforma laboral desequilibró radicalmente", ha señalado.

¿Cómo se pueden abrir camino esas reformas que permitan al país encarar el futuro de manera más justa e inclusiva y que terminen con la precariedad laboral, salarial y vital de millones de ciudadanos? ”La reversión de la reforma laboral de 2012 sólo la otorga, en estos momentos, un acuerdo desde la izquierda"; es decir, entre el PSOE y Unidas Podemos.

Pero desde CCOO se tiene en cuenta que los retos mayúsculos de futuro -formación, transición energética, política industrial, modelo productivo- y los “debates estratégicos” necesitan mayorías más amplias, ha precisado el secretario general. “La acción del Gobierno no se puede limitar sólo a eso y que haya que ir a un escenario de política sectaria. Habrá que contar con otros partidos para acometer acuerdos que necesitarán medidas que van más allá de una década o una legislatura”.

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España va bastante peor de lo que se dice

Se pregona que casi se ha batido el récord de afiliados a la Seguridad Social, que el paro ha caído en 84.000 personas en mayo o que Bruselas ha suprimido la vigilancia especial al déficit español

El desempleo se va reduciendo, pero a costa de que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo sean temporales y mal pagados

El gobierno alardea de que la subida del salario mínimo a 900 euros no ha tenido impacto alguno en la marcha en las contrataciones, ¿y si lo que ha ocurrido es que ese impacto se ha retrasado en el tiempo?

Aunque hayan terminado las campañas electorales, sigue la propaganda. Más sutil que la de los eslóganes de campaña, pero no menos contundente. Ahora es el momento de los mensajes optimistas sobre la marcha de la economía. Se pregona que casi se ha batido el récord de afiliados a la Seguridad Social, que el paro ha caído en 84.000 personas en mayo o que Bruselas ha suprimido la vigilancia especial al déficit español. Pero no se va más allá de esos titulares que, por otra parte, tampoco son para tanto. Y no se cuenta lo mucho que de verdad va mal en la economía española.

Sí, el desempleo se va reduciendo. Lo viene haciendo desde hace más de tres años. Pero a costa de que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo sean temporales —el 90% este mayo— y mal pagados. De que millones de españoles, jóvenes y no tanto, no sepan lo que va a ocurrir con su vida dentro de pocas semanas. El gobierno alardea de que la subida del salario mínimo a 900 euros no ha tenido impacto alguno en la marcha en las contrataciones y uno de sus exponentes se atreve incluso a proponer que el Banco de España pida perdón por haber pronosticado lo contrario. ¿Y si lo que ha ocurrido es que ese impacto se ha retrasado en el tiempo?

No hay por qué creer a pies juntillas lo que diga el Banco de España. Ha metido la pata demasiadas veces y otras tantas ha sido evidente que sus opiniones tenían una intencionalidad política. A veces para favorecer al gobierno que había nombrado al gobernador, otras para fastidiar al ejecutivo que ha llegado al poder cuando el mandato otorgado por el precedente no había concluido. Como ocurre actualmente con su titular, Pablo Hernández de Cos. Pero cuando lo que pone encima de la mesa son datos y no opiniones hay que pensárselo dos veces antes de arremeter contra esa institución.

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Quemada

Voy a dejar de ir al ambulatorio para pasarme por el sindicato. Es posible que, con esa decisión, mi salud mejore

Desde la conciencia del privilegio lo he dicho muchas veces: “Soy una trabajadora autónoma autoexplotada”. Otro diría: “Me llevo el trabajo a casa. No cobro horas extra”. Una tercera podría lamentarse: “Cobro por habitación. No tengo un fijo. He de limpiar 20 habitaciones diarias para poder vivir”. Más testimonios: “Vivo pendiente del móvil. Mi jornada laboral no se acaba nunca”. “Soy un parado. No duermo bien”. “Cuido a las personas mayores de las familias, trabajo en un restaurante los fines de semana, por las noches soy teleoperadora: no me llega”. En estas condiciones no es extraño que yo afirme: “Me duele la clavícula”; que alguien más enumere síntomas: “Tengo migraña, estoy siempre cansada, triste, irritable”. “Se me corta la respiración”. Pero no se preocupe. Ya existe un diagnóstico para estos males: padece usted el síndrome del trabajador quemado —de la trabajadora quemada con más motivo—. Tómese una pastilla. El sistema funciona divinamente, pero usted no. Es usted flojo o, en un porcentaje incluso más elevado, floja.

El mantra de “usted no necesita un psiquiatra, sino un comité de empresa” es más pertinente que nunca: parece que el malestar sistémico se reinterpreta como patología de la que solo es responsable el individuo. Yo soy la única culpable de mis alienaciones y autoexigencias. Metida en mi propia bolsa fetal, mis funciones no afectan a mis órganos y todo está en mi dentro de mí. Neurosis y dolores de espalda responden a las características de mi ADN —estrictamente biológico, nunca histórico— y a mi incapacidad de adaptación al medio —bajita y respondona—, a una herencia familiar que tampoco estuvo jamás condicionada por la cantidad de yogures ingeridos o la salubridad de las viviendas. El síndrome del trabajador explotado —de la trabajadora explotada, más— debería curarse con un relajante muscular. La OMS está de coña. Que quizá haya que poner en tela de juicio las propias reglas del juego es una proposición política que se desdibuja frente a este universo de workaholismo donde se confunde vocación con autoexplotación; posesión de capital con emprendimiento y filantropía; reivindicaciones laborales con pereza; el trabajo con el inevitable riesgo de perder la salud. Confesemos que hemos vivido y hemos bebido. Somos responsables de nuestro cáncer de pulmón: la contaminación es un nimio factor de riesgo. Somos responsables porque, por idiotas, no hemos tenido pasta suficiente para pagarnos entrenadores personales, aromaterapeutas, coaches de la resiliencia y el pensamiento positivo ni dietistas. Todo este nuevo modelo de negocio hace innecesario el derecho laboral, el pensamiento político y los militantes antisistema. Nuestro colesterol sube porque comemos bollería industrial y comemos bollería industrial porque cada día somos más pobres. También tenemos menos tiempo para guisar o hacer la compra y, sin embargo, cuánto nos obsesionan las analíticas y los gimnasios, y qué poco nos concentramos en la posibilidad de transformar esas condiciones laborales que nos encorvan la columna y nos invitan a tener la flexibilidad del junco. Yo evito maniáticamente hacerme un análisis de sangre. Sé que me revelará que en todas mis enfermedades, además de la inexorable putrefacción del cuerpo, se atisba un residuo bacteriano, compartido más con mis contemporáneos que con mi especie, que me incita a desconfiar de quienes tienen la sartén por el mango transformándome en enferma laboral y verdugo de mí misma. Pero hoy no voy a hacer flexiones y voy a escuchar a Chicho Sánchez Ferlosio. Voy a dejar de ir al ambulatorio para pasarme por el sindicato. Es posible que, con esa decisión, mi salud mejore.

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Los trabajadores volvieron a perder poder adquisitivo en 2018

Tienen casi siete décimas menos de poder de compra al crecer los salarios apenas un 1%, frente a una inflación media del 1,69%

Cinco años con la economía creciendo a un fuerte ritmo pero los salarios siguen sin despegar. Ésta es una de las conclusiones que se extrae de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada hoy por el INE. Las remuneraciones de los trabajadores se impulsaron el año pasado, sí, pero casi siete décimas menos que la inflación en este periodo, que cerró 2018 con un incremento medio del 1,69%. Frente a este avance de los precios, los trabajadores solo vieron mejorados sus ingresos en 18,87 euros hasta los 2.039 euros al mes a cierre de 2018, lo que supone un aumento interanual del 0,98%, menor que la revalorización que han tenido los pensionistas, acorde al IPC. Y lo mismo sucedió en 2017.

Se trata de la subida que experimentó el coste salarial total del trabajador (que incluye salario base, complementos salariales, pagos extraordinarios y pagos atrasados) y que está en consonancia con el incremento del coste laboral, que terminó 2018 con un aumento del 0,9% hasta los 2.692 euros, que es lo que a una empresa le cuesta de media un empleado, contando también con las cotizaciones sociales. Registra así el segundo mayor avance de los últimos tres años, solo superado por el alza del 1,9% del tercer trimestre del año pasado, y encadena seis trimestres consecutivos en positivo. Con toda probabilidad, crecerá aún más en el primer trimestre de 2019 por la entrada en vigor del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que repercute en una fuerte subida del 22% de las bases mínimas, y a su vez por el encarecimiento generalizado de las cotizaciones sociales.

Los crecimientos anuales más significativos de los costes laborales en el cuarto trimestre de 2018 se registraron en el suministro de energía (3,9%), información y comunicaciones (3,6%) y las actividades artísticas (+3,1%), con alzas superiores al 3% recomendado en la negociación colectiva. Por contra, las únicas caídas se dieron en la industria extractiva (-2,7%), la educación (-1,6%) y la sanidad (-0,2%).

País Vasco y Madrid, con los mejores sueldos

Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos se anotaron en el País Vasco (3.211 euros por trabajador y mes), Madrid (3.164,6 euros), Navarra (2.985,7 euros) y Cataluña (2.880,3 euros), mientras que los más bajos fueron en Extremadura (2.223,8 euros) y Canarias (2.305,7 euros).

Las dos regiones a la cabeza, País Vasco y Madrid, superan en más de 450 euros la media nacional (2.692,5 euros), mientras que la última, Extremadura, se encuentra más de 450 euros por debajo y casi 1.000 euros menos que en Euskadi.

El Gobierno niega con datos que la subida del salario mínimo perjudique el empleo

Granado asegura que no ha repercutido en la destrucción de puestos, ni se han reducido jornadas, ni se ha precarizado el empleo, pero sí ha mejorado los ingresos del sistema

La fuerte subida que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha experimentado este año no ha tenido efectos nocivos sobre el mercado laboral, tal y como algunos analistas pronosticaban, sino más bien lo contrario: la recaudación ha mejorado notablemente. Así lo confirmó este martes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, durante la rueda de prensa de los datos de afiliación y paro de marzo, que -a su juicio- muestran la «consolidación del crecimiento del empleo». Y, para demostrarlo, tiró de las cifras de los primeros tres meses del año para desmontar cinco argumentos que se han venido utilizando para poner en duda el efecto positivo de esta medida:

1. La subida del SMI hay quien decía que iba a provocar un desplazamiento de la afiliación del Régimen General hacia el RETA, de forma que se reducirían los trabajadores por cuenta ajena a favor de los 'falsos autónomos', puesto que además la base mínima de los autónomos es ahora bastante inferior a la del Régimen General. Desde enero hasta marzo, el número de asalariados ha aumentado un 3,40%, mientras que el RETA, un 0,73%. Si se compara con los meses precedentes, se mantiene el avance del Régimen General mientras baja el del RETA. Por tanto, no se ha dado una reconversión de trabajadores del Régimen General al del RETA, según recalcó Granado.

2. También se auguraba un descenso de afiliadas en el Sistema Especial del Hogar, el más vulnerable y precarizado. Sin embargo, la caída en este primer trimestre es la menos acusada de los últimos cinco años: 2.813 bajas menos que en 2018.

3. Y lo mismo sucede en el sistema agrario, el que más reacio se mostró a la subida del SMI, según admitió Granado. Sin embargo, sus cifras de estos tres primeros meses son «exactamente similares» a las precedentes, incluso menos malas que el año pasado (-36.469 en 2019 frente a -39.215 en 2018), por lo que no ha habido una «expulsión de trabajadores agrarios».

4. Algunos expertos vaticinaron que el nuevo salario mínimo iba a disminuir la duración de las jornadas. Pero en este trimestre hay 83.761 trabajadores más con jornada completa y 26.949 menos a tiempo parcial que en diciembre de 2018, lo que supone más incluso que en los años precedentes: un 0,83% más y un 0,82% menos, respectivamente.

5. Otro de los argumentos de los opositores era que iba a precarizarse el empleo, de forma que aumentarían los contratos de corta duración. En el sector privado, entre diciembre y marzo, hay 101.835 personas más con contratos indefinidos (un avance del 1,12%), y 45.022 menos con trabajos temporales (una caída del 1,06%).


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Los trabajadores tendrán que fichar a la entrada y salida a partir de mayo

El Gobierno, que también da luz verde a bonificaciones por contratar desempleados de larga duración, deja su «organización» en manos de los agentes sociales

Los trabajadores españoles tendrán que fichar a la entrada y salida de sus empresas a partir de mayo, aunque parte de ellos ya lo venían haciendo a través de distintos mecanismos, además del control tradicional que se sigue en la Administración Pública. Es el resultado de la aplicación del nuevo «registro diario de jornada» que el Gobierno ha aprobado este viernes, dentro de un nuevo decreto que sirve como 'cajón de sastre' para incluir distintos tipos de medidas sociolaborales, desde subsidios a parados maduros y bonificaciones a su contratación hasta ayudas a hogares en situación de pobreza e incluso matices en el programa laboral de garantía juvenil.

Buena parte de estas medidas, no obstante, ya habían sido anunciadas semanas atrás por el Ejecutivo e incluso algunas se incluían en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que finalmente fue vetado de inicio por el Congreso de los Diputados. Es el caso, por ejemplo, del aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias en peor situación económica, cuya cuantía general se incrementa un 17,2% desde los 291 euros actuales por ejercicio hasta 341. Para acceder a esta ayuda su límite de ingresos anuales no debe superar los 12.313 euros, y 18.532 euros en el caso de que sean familias numerosas. Para los hogares en situación de pobreza extrema, la asignación se eleva a 588 euros anuales.

También estaba previsto tiempo atrás el subsidio especial para parados mayores de 52 años que, en realidad, es un adelanto en edad del que ya se viene aplicando a partir de los 55 años, el mínimo de acceso que se estableció en 2012 a raíz de los recortes presupuestarios derivados de la crisis. Entonces también se rebajó la base de cotización de dicha ayuda al equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional (SMI), establecido para 2019 en 900 euros al mes, y que ahora se incrementa al 125%. De esta forma, los 260.000 beneficiarios actuales aumentarían en otros 114.000, lo que elevaría el coste económico a 388 millones de euros solo este año.


Enfocado a este mismo colectivo, el decreto que el Consejo de Ministros ha visado este viernes también incluye nuevos incentivos a las compañías que contraten desempleados de larga duración, entendidos como aquellos que lleven inscritos en las oficinas de los servicios públicos de colocación al menos doce meses durante el año y medio anterior a la firma del contrato. Para los acuerdos por tiempo indefinido, la reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social llegaría a 1.300 euros anuales durante un máximo de tres años, que subirían a 1.500 si se trata de una mujer. Ahora bien, si la empresa lo despide antes de un lustro o no mantiene el mismo nivel de empleo en su plantilla (salvo jubilaciones o despidos objetivos), devolverá el dinero.

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Jefes y capataces consiguen recuperar salarios tras la crisis, los empleados no

Un informe sobre la evolución de los salarios en la última década constata que los cargos directivos han mejorado su poder adquisitivo el 1,2% tras la crisis; los cargos intermedios el 2,5%

Los salarios se están recuperando e incluso ganándole terreno a la inflación, no obstante, no para la mayoría del común de trabajadores. Los subordinados son los que han sufrido las peores consecuencias de la crisis y los que actualmente no se están beneficiando de los frutos de la llamada recuperación. Así lo constata el informe presentado este jueves por la escuela de negocios Eada y la consultora ICSA bajo el título “Evolución salarial 2007-2018”, que muestra que los trabajadores sin subordinados tienen hoy sueldos que han perdido poder adquisitivo tras el estallido de la crisis.

Los datos del informe se basan en variables de cinco sectores, 53 actividades económicas diferentes y más de 500 puestos de trabajo y revelan que el soldado de a pie del mundo laboral ha visto como su remuneración media ha aumentado el 16,5%, tres décimas por debajo de la inflación acumulada. El salario medio fue en el 2018, según recoge el informe, de 22.819 euros anuales. "No ha habido un impacto significativo de la recuperación económica en esas rentas salariales", ha afirmado durante la presentación del informe el presidente de ICSA, Ernesto Poveda. “No hay señales de que ello vaya a cambiar a corto plazo y a la larga puede generar tensiones sociales”, ha advertido el profesor de Eada Jordi Costa.

Diferente suerte han corrido los salarios de los ‘capataces’ o mandos intermedios y la de los ‘jefes’ o directivos. Los primeros han visto como, tras la crisis, su poder adquisitivo ha aumentado el 2,5%, descontando inflación, hasta los 41.507 euros en el 2018. Una relación en cuanto salario 1,8 veces más alta que sus subordinados inmediatos. Más provechosa todavía ha sido la última década para los directivos, que han ganado el 1,2% de poder adquisitivo en sus remuneraciones, hasta los 81.059 euros anuales. Es decir, los jefes ganan 3,5 veces lo que ganan sus empleados.

Crecen las desigualdades
La crisis y la evolución salarial posterior ha provocado un aumento de las desigualdades dentro del mercado laboral. Así lo constatan los datos en la comparativa 2007-2018. Al estallar la burbuja, un trabajador cobraba el 28,5% de lo que cobraba un directivo. En el 2018 la proporción era del 28,15%. Un comportamiento similar en la comparativa con los mandos intermedios, puesto que si en el 2007 un empleado cobraba el 56,3% del sueldo de su superior inmediato, en el 2018 cobraba el 55%.

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CCOO ratifica el preacuerdo alcanzando con el Gobierno en la Mesa de Diálogo Social

El Consejo Confederal de CCOO ha debatido y aprobado -por 120 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones- el informe presentado por Unai Sordo, que incluía, entre otros asuntos, los acuerdos alcanzados con el gobierno en aspectos importantes para mejorar las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores.

El secretario general de CCOO y la secretaria de Acción sindical, Mari Cruz Vicente, han desgranado el contenido del acuerdo, que afecta a materias como

• Reposición del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años
• Ultraactividad de los convenios colectivos
• Prevalencia del convenio colectivo de sector frente al de empresa
• Modificación del art. 42 del ET en materia de contratas y subcontratas
• Consolidación del subsidio extraordinario de desempleo, eliminando la referencia al 15% de tasa de desempleo de la EPA

Unai Sordo ha pedido al Consejo confederal que avalara la firma de este preacuerdo, dejando claro que “recoge una parte de las reivindicaciones sindicales, pero no las agota”, y que aún quedan muchos temas que habrá que seguir abordando en el diálogo social.

Para el secretario general de CCOO es importante que este acuerdo sea refrendado por el Gobierno al máximo nivel, a través de un acto formal con los secretarios generales de CCOO y UGT, la ministra de Trabajo y el presidente del Gobierno.

CCOO cree que algunos de estos temas acordados pueden llevarse a cabo de manera inmediata, para reponer derechos arrebatados con la excusa de la crisis económica. No obstante, como hay otros asuntos que deberán ser objeto de tramitación parlamentaria, Sordo ha señalado la necesidad de dirigirse a los distintos grupos parlamentarios para recabar su apoyo a estas medidas.

El Consejo confederal de CCOO ha debatido también sobre el reciente congreso de la Confederación Sindical Internacional, que ha reelegido como secretaria general a la australiana Sharan Burrow, reafirmando el compromiso de CCOO con el sindicalismo internacional reivindicativo y solidario, que ejerza un contrapoder real al profundo desequilibrio existente entre el poder económico y los poderes democráticos.

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Eco de prensa

Unai Sordo: “La juventud no puede asumir la precariedad como norma”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha hecho un llamamiento a los jóvenes “a organizarse en las empresas para mejorar su situación” caracterizada por los contratos temporales y a tiempo parcial y los bajos salarios. “Una tasa de temporalidad del 58% es un disparate”, enfatizó al respecto de la precariedad que soportan los jóvenes, que se manifiesta también en la tasa de contratación a tiempo parcial, que dobla la de las personas mayores de 29 años, y porque una de cada tres personas que cobran menos de 14.000€ anuales sean jóvenes, según los datos del informe "#GeneraciónMÓVIL: una radiografía de la juventud y 10 propuestas de futuro", que ha presentado esta mañana el sindicato.

Los jóvenes son el colectivo más perjudicado por las políticas aplicadas durante la crisis, y si no se cambian, corre el riesgo de seguir siéndolo durante la postcrisis”, ha aseverado el secretario general de CCOO durante la presentación en rueda de prensa, junto a con el secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo, Carlos Gutiérrez, y la secretaria confederal de Política social y Movimientos Sociales, Paula Guisande, del informe "#GeneraciónMÓVIL: una radiografía de la juventud y 10 propuestas de futuro", en el que el sindicato analiza la situación de las personas jóvenes tras una década de crisis y propone un decálogo de ejes de trabajo para abordar su situación en materia de formación, empleo y emancipación.

Los datos del informe que han desgranado los responsables sindicales no dejan lugar a dudas: los jóvenes son la personificación más acentuada de las consecuencias de las políticas de recortes llevadas a cabo durante los años de la crisis. “Unas políticas que hace que los jóvenes no sepamos si vamos a trabajar o no, si vamos a durar en el trabajo, qué salario tendremos”, explicó Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas realidades del Trabajo de CCOO, y que convierte a los jóvenes en nómadas en el mercado de trabajo con trayectorias laborales inestables e imprevisibles, en miembros de una generación móvil.

Para Gutiérrez, la precariedad no es un peaje que se deba pagar, una mochila con la que se deba cargar. “No nos resignamos con esta situación; es más, no queremos que la precariedad se normalice, queremos dar la vuelta a este escenario”, subrayó.

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El Gobierno se plantea aprobar por decreto el registro obligatorio de la jornada del trabajador

La propuesta de Trabajo a los sindicatos y la patronal es obligar a las empresas a registrar la jornada laboral, especificando la entrada y la salida del empleado, según ha adelantado Cinco Días y confirmado fuentes sindicales

Fuentes oficiales explican que el Ejecutivo se plantea aprobar la medida a través de un decreto, pese que existe una proposición de ley admitida a trámite en el Congreso de los Diputados

Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidos Podemos critican que PP y Ciudadanos impiden que la iniciativa legislativa avance gracias a la sistemática ampliación del periodo de enmiendas

El Gobierno se plantea aprobar el registro obligatorio de la jornada laboral a través de un decreto. Así lo confirman fuentes oficiales a eldiario.es y desde los sindicatos explican que es la opción que parece imponerse en el ministerio dirigido por Magdalena Valerio. La última propuesta del Ejecutivo a la patronal y los representantes de los trabajadores consiste en la obligación de las empresas de documentar la jornada diaria de los trabajadores, con el momento concreto de entrada y salida, y en sanciones a las empresas por cada trabajador en caso de incumplimiento, según ha adelantado Cinco Días y ha confirmado eldiario.es.

El registro obligatorio de jornada de los trabajadores es uno de los cambios legislativos en materia laboral prometidos por el Gobierno. La medida busca combatir los abusos en los tiempos de trabajo, como las horas extraordinarias no pagadas ( casi la mitad de las que se realizan) y los contratos a tiempo parcial fraudulentos, en los que los trabajadores solo cotizan por las jornadas reducidas que figuran en sus contratos pero finalmente son obligados a trabajar más horas.

La última propuesta del Gobierno presentada a los sindicatos y la patronal pretende que las empresas tengan que dejar constancia diaria de las entradas y salidas de sus empleados, e informarles de este registro de jornada al menos mensualmente, y que se concrete de forma expresa en el contrato el horario habitual de trabajo.

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Uno de cada tres nuevos contratos indefinidos desaparece en menos de un año

La Cumbre Social Estatal denuncia en el Congreso que este tipo de trabajo ya «no sirve para consolidar empleo estable y de calidad»

Tener un contrato indefinido ya no es síntoma de un empleo estable. Y es que en 2017 un 33% de los contratos de duración indeterminada que se firmaron causaron baja a lo largo del año y apenas el 67% seguía existiendo al terminar el ejercicio, según los datos que se recogen en el documento 'Una década pérdida. Análisis de 10 años de recortes', presentado este miércoles en el Congreso desde la Cumbre Social Estatal, formada por más de 120 organizaciones sociales y sindicales.

«Nunca antes se habían firmado en España tantos contratos 'indefinidos' que finalizaran a los pocos meses y no sirvieran para consolidar empleo estable y de calidad», denuncian de manera expresa en su escrito, en el que echan la culpa de esta cada vez mayor precariedad laboral a la reforma de 2012, que hizo posible que la rotación del empleo afecte cada vez más a este tipo de contratación. De hecho, ahora hace falta firmar más contratos para mantener los nuevos empleos indefinidos: en 2009 solo se necesitaba 1,1 contratos por cada empleo de ese tipo que pervivía a fin de año, mientras que en 2017 fue necesario firmar 1,5 acuerdos por cada puesto fijo.


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