Los permisos de fuerza mayor contarán al siguiente día hábil, según una sentencia del TSJ

El tribunal valenciano estima una demanda de CC OO sobre sucesos como el fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, partos o interrupción del embarazo

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha reconocido en un fallo que las licencias y permisos retribuidos en las que la persona trabajadora debe ausentarse de su puesto por causas familiares de fuerza mayor deberán iniciar su cómputo en el primer día laborable siguiente al del hecho causante.

Esta sentencia de la Sala de lo Social del TSJCV, fechada el 11 de abril y hecha pública este martes por CC OO-PV, se produce a raíz de una demanda interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en relación con el Convenio Colectivo Interprovincial de la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), según fuentes sindicales.

La causa mayor referida incluye acontecimientos como el fallecimiento o enfermedad grave de un miembro de la familia hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, accidentes, hospitalización o intervenciones quirúrgicas.

Pero también incluye la interrupción del embarazo o los casos de nacimiento o adopción, situaciones para las que el Estatuto de los Trabajadores, y los convenios colectivos, prevén el derecho a ausentarse del trabajo por un cierto periodo de tiempo.

Esta sentencia, aunque se dicta para la empresa pública FGV, recoge una interpretación válida para todos estos permisos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, según el sindicato.

El fallo, añaden desde CC OO, resuelve una situación que ha venido generando dudas y problemas a la hora de tomarse el tiempo de licencia establecido, especialmente cuando el hecho causante que lo genera empieza en fin de semana.

Por ello, la sentencia estipula que no se computen, a efectos de la duración de la licencia, los días no laborables.


Y se interpretan, así, a favor de la persona trabajadora esos artículos, lo que para el sindicato garantiza que ese derecho sirve para lo que fue creado: dotar del tiempo necesario a la persona trabajadora para que resuelva la situación que atraviesa.

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A vueltas con la subida del salario mínimo: del alarmismo de la élite financiera a la prudencia de los expertos

Los economistas piden "prudencia sobre la interpretación de los resultados" del impacto de la subida del SMI a 900 euros "porque todavía no hay datos suficientes"

Los datos del paro en abril y la EPA del primer trimestre tiran por tierra las predicciones del BBVA o el Banco de España que vaticinaron la eliminación de decenas de miles de puestos de trabajo  

El mea culpa entonado esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al admitir que su previsión de que se iban a perder 40.000 empleos con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros ha destapado la inconsistencia con la que políticos, instituciones públicas y organismos privados se lanzan a predecir visiones apocalípticas sobre medidas económicas cuyos argumentos están vinculados a intereses o tienen más sustento ideológico que científico. 

En octubre de 2018 se daba a conocer la subida del 22% del SMI como una de las medidas recogida en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos, aunque la luz verde al incremento salarial no estaba vinculada a la aprobación de las cuentas públicas, como así ocurrió finalmente.

Desde su anuncio, la patronal CEOE censuró la medida como un ataque a la creación de empleo. El entonces candidato a la presidencia de la patronal Antonio Garamendi aseguró que con su aprobación "se rompía" el diálogo social y conducía a "un momento en el que las empresas no puedan pagar ni contratar a la gente" y  "a un escenario peor del que ya tiene España". José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de CEOE, llegó a decir que "la subida del salario minimo es un empleocidio" asimilando el acuerdo PSOE-Podemos como un "arma de destrucción masiva del empleo".

La tensión política incrementó aún más las salidas de tono sin una base argumentativa clara. Daniel Lacalle, gurú económico del PP, que en el pasado se había posicionado contra el SMI, declaró que "la subida del salario mínimo es una subida de impuestos encubierta" mientras que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se vio envuelto en una polémica cuando deslizó que si ganase las elecciones bajaría el salario mínimo el próximo año a los 850 euros mensuales. Tuvo que desdecirse unas horas después. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, alegó que no compartía "la política trasnochada, podemizada, de subir por decretazo los salarios", mientras que el responsable económico de Ciudadanos y cabeza de lista del partido para las elecciones europeas, Luis Garicano, apuntó que "lo que se hace con los salarios mínimos altos es poner una barrera a la incorporación de la gente al mercado de trabajo".  

El problema principal es que fuera del debate político, instituciones y empresas se lanzaron a cuantificar el supuesto desastre que caería sobre la economía española y el empleo. Además de la previsión fallida de la AIReF, Rafael Doménech, economista jefe de BBVA Research, en su artículo ¿Es bueno o malo que suba el salario mínimo? señaló que "las estimaciones de BBVA Research indican que en el bienio 2019-2020 se crearán entre 75.000 y 195.000 empleos menos que en ausencia de la subida del SMI". El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó de que los incrementos pronunciados del salario mínimo ponen en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes.

Pero fue un informe del Banco de España el que desató las mayores críticas sobre la subida del SMI. En ese estudio el organismo regulador, a partir de las supuestas consecuencias que tuvo el incremento del 8% del SMI en 2017, apunta que con la subida a 900 euros  "la incidencia sería particularmente elevada en determinados colectivos, como los de mujeres, jóvenes, trabajadores menos formados y empleados con contrato temporal. Una simulación del impacto potencial de la subida planteada para 2019, utilizando las estimaciones realizadas con la experiencia de 2017, aunque sujeta a una elevada incertidumbre al no existir subidas comparables anteriores, sugiere que el impacto sobre la probabilidad de perder el empleo sería claramente superior al estimado para 2017". Pese a las cautelas, el Banco de España se atrevió a pronosticar que el incremento del SMI podría suponer una "pérdida de empleo de alrededor de 125.000 trabajadores" en 2019.

Bruselas descartó impacto en la subida de 2017

Sin embargo, la Comisión Europea ya apuntó el año pasado que la subida del 8% del SMI en 2017 "no afectó al empleo significativamente", aunque avisa que futuras subidas podría afectar a colectivos como los jóvenes, con más dificultades para encontrar trabajo.

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La Justicia europea avala a España y respalda la implantación del nuevo registro obligatorio de la jornada laboral

TJUE: "El trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este martes 14/05/2019 que los Estados miembros de la UE deben obligar a los empresarios a implantar un sistema "objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador", ha informado la corte en un comunicado.

En su sentencia precisa que corresponde a cada país definir los criterios para la aplicación de este sistema, sobre todo la forma que debe tomar, "teniendo en cuenta las particularidades de cada sector e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño".

Registro horario en España

Hace más de un mes que en España entró en vigor la obligación para las empresas de implementar un sistema que registre las horas trabajadas por sus empleados. La medida, aprobada por el Gobierno el pasado 8 de marzo y convalidada en el Congreso de los Diputados el 3 de abril, ha causado mucha confusión entre los empresarios y trabajadores. De hecho, pese a no estar planeado en un primer momento, el Ministerio de Trabajo publicó ayer una guía práctica en la que, entre otras cosas, explica qué empleados no tienen la obligación de cumplir con el nuevo registro horario.

La esperada sentencia del TJUE no afecta directamente al real decreto ley 8/2019, en el que se recoge el nuevo registro horario establecido en España. Pero, eso sí, muestra una posición de la Justicia europea que avala esta normativa nacional. En concreto, el fallo europeo recoge el deber de los distintos países de la UE de imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema "objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador".

Importancia del registro para proteger derechos

Así, el TJUE destaca "la importancia del derecho fundamental de todo trabajador a la limitación de la duración máxima del tiempo de trabajo y a períodos de descanso diario y semanal", recoge el comunicado emitido hoy por la corte.

En su opinión, la falta de "un sistema que permita computar la jornada laboral diaria" imposibilita que los empleados "logren hacer respetar sus derechos", ya que "no es posible determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo efectivas ni su distribución en el tiempo, como tampoco el número de horas extraordinarias".

"El trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral"

Asimismo, la justicia europea "recuerda que el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral". Por tanto, cree "necesario" que se impida al empresario que "pueda imponerle una restricción de sus derechos".

El tribunal de Luxemburgo basa su decisión en la interpretación que hace de las directivas 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y 89/391/CEE del Consejo, relativas a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo y a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, respectivamente.

Petición de la Audiencia Nacional

Esta es la respuesta de la máxima instancia judicial comunitaria a una petición de la Audiencia Nacional española, que en enero solicitó interpretar dos artículos del Estatuto de los Trabajadores relativos a la jornada laboral, al considerar que podrían incumplir las normas comunitarias por "dejar en manos de los empresarios los descansos semanales y diarios".

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) recurrió ante la Audiencia Nacional que Deutsche Bank tuviera la obligación de establecer un sistema de registro de la jornada laboral diaria que realiza su plantilla. El banco se defendió en un primer momento alegando que de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se desprendía en España no se establecía esa obligación "con carácter general". Una situación que ha cambiado tras la implementación del nuevo registro horario y que, aunque de forma indirecta, ha avalado con este fallo el TJUE.

CCOO ha celebrado el fallo europeo en un escueto comunicado, en el que se muestra "muy satisfecho" y señala que "ya no hay marcha atrás" ante el respaldo de la justicia europea al ya vigente registro de la jornada laboral; "gobierne quien gobierne", ha incidido el sindicato, haciendo referencia a la próxima formación de un nuevo Ejecutivo en España tras las elecciones generales del 28 de abril.

Ampliación de la información

Llevamos 100 años con las 40 horas semanales: ¿podríamos trabajar menos?

Contamos con más medios y tecnología que hace un siglo, pero seguimos con las ocho horas diarias

Hace un siglo que se aprobó la jornada laboral de 40 horas en España: fue en abril de 1919, tras la huelga de la empresa eléctrica La Canadiense, que se alargó durante 44 días. La jornada laboral de 40 horas semanales se había ido extendiendo por todo el mundo desde la manifestación del 1 de mayo de 1886 convocada en varias ciudades de Estados Unidos con este objetivo.

Un siglo después, la sociedad ha cambiado mucho. Por ejemplo, contamos con herramientas que han hecho más fácil y rápido nuestro trabajo, al menos sobre el papel: maquinaria, teléfonos, ordenadores… Sin embargo, la jornada laboral no se ha reducido. Es más, la idea de trabajar seis o siete horas diarias por el mismo sueldo genera rechazo en muchos sectores (y no solo empresariales).

Inmaculada García, economista y profesora en la Universidad de Zaragoza, recuerda que "antes se trabajaba los sábados y ahora tenemos más días festivos a lo largo del año”, pero también le parece “curioso que todo haya cambiado tanto y eso no”.

“Alegría de vivir, en lugar de nervios gastados”

Marta Martínez, economista y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, opina que no es tan extraño que sigamos con la misma jornada: "Podemos caer en la falacia de la cantidad fija de trabajo. En realidad, la cantidad de trabajo que hay en una economía puede variar con el tiempo". Es decir, a lo mejor podemos producir más que hace 100 años, pero también puede que necesitemos hacerlo.

Aun así, son muchos quienes han llamado la atención sobre el hecho de que no se haya seguido reduciendo la jornada laboral. Ya en los años treinta, el economista John Maynard Keynes y el filósofo Bertrand Russell confiaban en un futuro en el que trabajaríamos menos horas, lo que podría llevar a mayor bienestar, cultura y curiosidad: “Sobre todo, habrá felicidad y alegría de vivir, en lugar de nervios gastados, cansancio y dispepsia”, escribía Russell en su Elogio de la ociosidad. Y no era una idea solo de académicos: en 1956, Richard Nixon, entonces vicepresidente de Estados Unidos, ya auguraba una semana de cuatro días laborables.

En su libro Utopía para realistas, el historiador Rutger Bregman apunta que este objetivo de seguir reduciendo la jornada, como se había ido haciendo hasta llegar a las 40 horas, se vio truncado en los años ochenta. Durante esa década muchos trabajadores pasaron a hacer horas extra y sumar más de ocho horas diarias de faena.

Y eso a pesar de que trabajar más horas ni siquiera se traduce necesariamente en una mayor productividad. Durante la crisis del petróleo y en medio de una huelga de los mineros, el Gobierno británico impuso una semana laboral de tres días en enero de 1974, que se prolongó hasta marzo, para ahorrar energía. Según recoge Bregman en su libro, las pérdidas de producción solo llegaron a un 6%, muy lejos del 40% que cabría haber esperado.


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