Los trabajadores volvieron a perder poder adquisitivo en 2018

Tienen casi siete décimas menos de poder de compra al crecer los salarios apenas un 1%, frente a una inflación media del 1,69%

Cinco años con la economía creciendo a un fuerte ritmo pero los salarios siguen sin despegar. Ésta es una de las conclusiones que se extrae de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada hoy por el INE. Las remuneraciones de los trabajadores se impulsaron el año pasado, sí, pero casi siete décimas menos que la inflación en este periodo, que cerró 2018 con un incremento medio del 1,69%. Frente a este avance de los precios, los trabajadores solo vieron mejorados sus ingresos en 18,87 euros hasta los 2.039 euros al mes a cierre de 2018, lo que supone un aumento interanual del 0,98%, menor que la revalorización que han tenido los pensionistas, acorde al IPC. Y lo mismo sucedió en 2017.

Se trata de la subida que experimentó el coste salarial total del trabajador (que incluye salario base, complementos salariales, pagos extraordinarios y pagos atrasados) y que está en consonancia con el incremento del coste laboral, que terminó 2018 con un aumento del 0,9% hasta los 2.692 euros, que es lo que a una empresa le cuesta de media un empleado, contando también con las cotizaciones sociales. Registra así el segundo mayor avance de los últimos tres años, solo superado por el alza del 1,9% del tercer trimestre del año pasado, y encadena seis trimestres consecutivos en positivo. Con toda probabilidad, crecerá aún más en el primer trimestre de 2019 por la entrada en vigor del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que repercute en una fuerte subida del 22% de las bases mínimas, y a su vez por el encarecimiento generalizado de las cotizaciones sociales.

Los crecimientos anuales más significativos de los costes laborales en el cuarto trimestre de 2018 se registraron en el suministro de energía (3,9%), información y comunicaciones (3,6%) y las actividades artísticas (+3,1%), con alzas superiores al 3% recomendado en la negociación colectiva. Por contra, las únicas caídas se dieron en la industria extractiva (-2,7%), la educación (-1,6%) y la sanidad (-0,2%).

País Vasco y Madrid, con los mejores sueldos

Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos se anotaron en el País Vasco (3.211 euros por trabajador y mes), Madrid (3.164,6 euros), Navarra (2.985,7 euros) y Cataluña (2.880,3 euros), mientras que los más bajos fueron en Extremadura (2.223,8 euros) y Canarias (2.305,7 euros).

Las dos regiones a la cabeza, País Vasco y Madrid, superan en más de 450 euros la media nacional (2.692,5 euros), mientras que la última, Extremadura, se encuentra más de 450 euros por debajo y casi 1.000 euros menos que en Euskadi.

El Gobierno niega con datos que la subida del salario mínimo perjudique el empleo

Granado asegura que no ha repercutido en la destrucción de puestos, ni se han reducido jornadas, ni se ha precarizado el empleo, pero sí ha mejorado los ingresos del sistema

La fuerte subida que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha experimentado este año no ha tenido efectos nocivos sobre el mercado laboral, tal y como algunos analistas pronosticaban, sino más bien lo contrario: la recaudación ha mejorado notablemente. Así lo confirmó este martes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, durante la rueda de prensa de los datos de afiliación y paro de marzo, que -a su juicio- muestran la «consolidación del crecimiento del empleo». Y, para demostrarlo, tiró de las cifras de los primeros tres meses del año para desmontar cinco argumentos que se han venido utilizando para poner en duda el efecto positivo de esta medida:

1. La subida del SMI hay quien decía que iba a provocar un desplazamiento de la afiliación del Régimen General hacia el RETA, de forma que se reducirían los trabajadores por cuenta ajena a favor de los 'falsos autónomos', puesto que además la base mínima de los autónomos es ahora bastante inferior a la del Régimen General. Desde enero hasta marzo, el número de asalariados ha aumentado un 3,40%, mientras que el RETA, un 0,73%. Si se compara con los meses precedentes, se mantiene el avance del Régimen General mientras baja el del RETA. Por tanto, no se ha dado una reconversión de trabajadores del Régimen General al del RETA, según recalcó Granado.

2. También se auguraba un descenso de afiliadas en el Sistema Especial del Hogar, el más vulnerable y precarizado. Sin embargo, la caída en este primer trimestre es la menos acusada de los últimos cinco años: 2.813 bajas menos que en 2018.

3. Y lo mismo sucede en el sistema agrario, el que más reacio se mostró a la subida del SMI, según admitió Granado. Sin embargo, sus cifras de estos tres primeros meses son «exactamente similares» a las precedentes, incluso menos malas que el año pasado (-36.469 en 2019 frente a -39.215 en 2018), por lo que no ha habido una «expulsión de trabajadores agrarios».

4. Algunos expertos vaticinaron que el nuevo salario mínimo iba a disminuir la duración de las jornadas. Pero en este trimestre hay 83.761 trabajadores más con jornada completa y 26.949 menos a tiempo parcial que en diciembre de 2018, lo que supone más incluso que en los años precedentes: un 0,83% más y un 0,82% menos, respectivamente.

5. Otro de los argumentos de los opositores era que iba a precarizarse el empleo, de forma que aumentarían los contratos de corta duración. En el sector privado, entre diciembre y marzo, hay 101.835 personas más con contratos indefinidos (un avance del 1,12%), y 45.022 menos con trabajos temporales (una caída del 1,06%).


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Las empresas deberán guardar durante 4 años los registros diarios de jornada

El 35% de las denuncias ante la Inspección por incumplimiento empresarial se refieren a las horas trabajadas

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el real decreto ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral que obliga a las empresas a llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores a partir del 12 de mayo, ya que este medida entra en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE. El decreto establece que las empresas tendrán que conservar los registros diarios durante cuatro años y estos permanecerán a disposición de los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No hacerlo será una infracción laboral.

La empresa deberá garantizar el registro diario, con el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada persona. La organización y documentación del registro de la jornada se decidirá mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes de los trabajadores. Eso no excluye que se pueda establecer flexibilidad horaria. En ese sentido, el decreto modifica el artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores para añadir que el Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer «especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran».

El Gobierno justifica la necesidad de imponer un registro obligatorio de la jornada en que el 35% de las denuncias presentadas el año pasado por incumplimientos empresariales en materia de relaciones laborales se referían al tiempo de trabajo. Más del 50% de los asalariados declaran en la Encuesta de Población Activa que tienen jornadas semanales superiores a las 40 horas y un gran volumen de trabajadores a tiempo parcial afirma que su jornada no se corresponde con la declarada.

Según datos de la EPA de 2018, cada semana se hacen en nuestro país 6,4 millones de horas extra a la semana. Además, un 48% de los trabajadores que realizan horas extraordinarias declaran que no se les pagan ni se cotiza a la Seguridad Social por ellas.

Buena parte de los asalariados que se beneficiarán del cobro de las horas extra no pagadas gracias al registro de la jornada son trabajadores poco cualificados con salarios muy bajos, según el Ministerio de Trabajo. En el último trimestre de 2018, más de un 26% de las horas extraordinarias no pagadas se realizaron en el comercio y la hostelería.