El 35% de las denuncias ante la Inspección por incumplimiento empresarial se refieren a las horas trabajadas
La empresa deberá garantizar el registro diario, con el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada persona. La organización y documentación del registro de la jornada se decidirá mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes de los trabajadores. Eso no excluye que se pueda establecer flexibilidad horaria. En ese sentido, el decreto modifica el artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores para añadir que el Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer «especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran».
El Gobierno justifica la necesidad de imponer un registro obligatorio de la jornada en que el 35% de las denuncias presentadas el año pasado por incumplimientos empresariales en materia de relaciones laborales se referían al tiempo de trabajo. Más del 50% de los asalariados declaran en la Encuesta de Población Activa que tienen jornadas semanales superiores a las 40 horas y un gran volumen de trabajadores a tiempo parcial afirma que su jornada no se corresponde con la declarada.
Según datos de la EPA de 2018, cada semana se hacen en nuestro país 6,4 millones de horas extra a la semana. Además, un 48% de los trabajadores que realizan horas extraordinarias declaran que no se les pagan ni se cotiza a la Seguridad Social por ellas.
Buena parte de los asalariados que se beneficiarán del cobro de las horas extra no pagadas gracias al registro de la jornada son trabajadores poco cualificados con salarios muy bajos, según el Ministerio de Trabajo. En el último trimestre de 2018, más de un 26% de las horas extraordinarias no pagadas se realizaron en el comercio y la hostelería.
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