Una década después de su aprobación, los resultados de la aplicación de la ley orgánica de igualdad, que obligaba a las empresas de más de 250 empleados a contar con planes encaminados a facilitar la homogeneidad de condiciones entre hombres y mujeres en las empresas ha dado pocos frutos. Estos planes son un conjunto de medidas que se recogen una vez hecho un diagnóstico previo y que se enciman a alcanzar en las compañías la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación por razón de sexo, según la propia normativa.Diversos estudios indican que apenas 10 de cada 100 compañías obligadas a tener planes de igualdad los han implementado. La consultora especializada Leialta estima que el 90% de las empresas "desoye las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de aplicar medidas de igualdad y conciliación". Esta firma trabaja para recomendar a las compañías medidas para que logren el distintivo de igualdad que otorga el Ejecutivo y que requiere cumplir requisitos como una participación equilibrada entre hombres y mujeres en los distintos grupos y categorías profesionales o establecer criterios y sistemas de remuneración que no discriminen.
En todo caso, las políticas de igualdad fueron de las primeras víctimas en el ajuste presupuestario que llevó a cabo el Gobierno del PP en el 2016 y se cayeron de la lista de prioridades del Gobierno de forma definitiva. En ese ejercicio se cerró el grifo de las subvenciones a los planes de igualdad.
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