Los trabajadores volvieron a perder poder adquisitivo en 2018

Tienen casi siete décimas menos de poder de compra al crecer los salarios apenas un 1%, frente a una inflación media del 1,69%

Cinco años con la economía creciendo a un fuerte ritmo pero los salarios siguen sin despegar. Ésta es una de las conclusiones que se extrae de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada hoy por el INE. Las remuneraciones de los trabajadores se impulsaron el año pasado, sí, pero casi siete décimas menos que la inflación en este periodo, que cerró 2018 con un incremento medio del 1,69%. Frente a este avance de los precios, los trabajadores solo vieron mejorados sus ingresos en 18,87 euros hasta los 2.039 euros al mes a cierre de 2018, lo que supone un aumento interanual del 0,98%, menor que la revalorización que han tenido los pensionistas, acorde al IPC. Y lo mismo sucedió en 2017.

Se trata de la subida que experimentó el coste salarial total del trabajador (que incluye salario base, complementos salariales, pagos extraordinarios y pagos atrasados) y que está en consonancia con el incremento del coste laboral, que terminó 2018 con un aumento del 0,9% hasta los 2.692 euros, que es lo que a una empresa le cuesta de media un empleado, contando también con las cotizaciones sociales. Registra así el segundo mayor avance de los últimos tres años, solo superado por el alza del 1,9% del tercer trimestre del año pasado, y encadena seis trimestres consecutivos en positivo. Con toda probabilidad, crecerá aún más en el primer trimestre de 2019 por la entrada en vigor del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que repercute en una fuerte subida del 22% de las bases mínimas, y a su vez por el encarecimiento generalizado de las cotizaciones sociales.

Los crecimientos anuales más significativos de los costes laborales en el cuarto trimestre de 2018 se registraron en el suministro de energía (3,9%), información y comunicaciones (3,6%) y las actividades artísticas (+3,1%), con alzas superiores al 3% recomendado en la negociación colectiva. Por contra, las únicas caídas se dieron en la industria extractiva (-2,7%), la educación (-1,6%) y la sanidad (-0,2%).

País Vasco y Madrid, con los mejores sueldos

Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos se anotaron en el País Vasco (3.211 euros por trabajador y mes), Madrid (3.164,6 euros), Navarra (2.985,7 euros) y Cataluña (2.880,3 euros), mientras que los más bajos fueron en Extremadura (2.223,8 euros) y Canarias (2.305,7 euros).

Las dos regiones a la cabeza, País Vasco y Madrid, superan en más de 450 euros la media nacional (2.692,5 euros), mientras que la última, Extremadura, se encuentra más de 450 euros por debajo y casi 1.000 euros menos que en Euskadi.

El Gobierno niega con datos que la subida del salario mínimo perjudique el empleo

Granado asegura que no ha repercutido en la destrucción de puestos, ni se han reducido jornadas, ni se ha precarizado el empleo, pero sí ha mejorado los ingresos del sistema

La fuerte subida que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha experimentado este año no ha tenido efectos nocivos sobre el mercado laboral, tal y como algunos analistas pronosticaban, sino más bien lo contrario: la recaudación ha mejorado notablemente. Así lo confirmó este martes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, durante la rueda de prensa de los datos de afiliación y paro de marzo, que -a su juicio- muestran la «consolidación del crecimiento del empleo». Y, para demostrarlo, tiró de las cifras de los primeros tres meses del año para desmontar cinco argumentos que se han venido utilizando para poner en duda el efecto positivo de esta medida:

1. La subida del SMI hay quien decía que iba a provocar un desplazamiento de la afiliación del Régimen General hacia el RETA, de forma que se reducirían los trabajadores por cuenta ajena a favor de los 'falsos autónomos', puesto que además la base mínima de los autónomos es ahora bastante inferior a la del Régimen General. Desde enero hasta marzo, el número de asalariados ha aumentado un 3,40%, mientras que el RETA, un 0,73%. Si se compara con los meses precedentes, se mantiene el avance del Régimen General mientras baja el del RETA. Por tanto, no se ha dado una reconversión de trabajadores del Régimen General al del RETA, según recalcó Granado.

2. También se auguraba un descenso de afiliadas en el Sistema Especial del Hogar, el más vulnerable y precarizado. Sin embargo, la caída en este primer trimestre es la menos acusada de los últimos cinco años: 2.813 bajas menos que en 2018.

3. Y lo mismo sucede en el sistema agrario, el que más reacio se mostró a la subida del SMI, según admitió Granado. Sin embargo, sus cifras de estos tres primeros meses son «exactamente similares» a las precedentes, incluso menos malas que el año pasado (-36.469 en 2019 frente a -39.215 en 2018), por lo que no ha habido una «expulsión de trabajadores agrarios».

4. Algunos expertos vaticinaron que el nuevo salario mínimo iba a disminuir la duración de las jornadas. Pero en este trimestre hay 83.761 trabajadores más con jornada completa y 26.949 menos a tiempo parcial que en diciembre de 2018, lo que supone más incluso que en los años precedentes: un 0,83% más y un 0,82% menos, respectivamente.

5. Otro de los argumentos de los opositores era que iba a precarizarse el empleo, de forma que aumentarían los contratos de corta duración. En el sector privado, entre diciembre y marzo, hay 101.835 personas más con contratos indefinidos (un avance del 1,12%), y 45.022 menos con trabajos temporales (una caída del 1,06%).


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Las empresas deberán guardar durante 4 años los registros diarios de jornada

El 35% de las denuncias ante la Inspección por incumplimiento empresarial se refieren a las horas trabajadas

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el real decreto ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral que obliga a las empresas a llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores a partir del 12 de mayo, ya que este medida entra en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE. El decreto establece que las empresas tendrán que conservar los registros diarios durante cuatro años y estos permanecerán a disposición de los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No hacerlo será una infracción laboral.

La empresa deberá garantizar el registro diario, con el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada persona. La organización y documentación del registro de la jornada se decidirá mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes de los trabajadores. Eso no excluye que se pueda establecer flexibilidad horaria. En ese sentido, el decreto modifica el artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores para añadir que el Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer «especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran».

El Gobierno justifica la necesidad de imponer un registro obligatorio de la jornada en que el 35% de las denuncias presentadas el año pasado por incumplimientos empresariales en materia de relaciones laborales se referían al tiempo de trabajo. Más del 50% de los asalariados declaran en la Encuesta de Población Activa que tienen jornadas semanales superiores a las 40 horas y un gran volumen de trabajadores a tiempo parcial afirma que su jornada no se corresponde con la declarada.

Según datos de la EPA de 2018, cada semana se hacen en nuestro país 6,4 millones de horas extra a la semana. Además, un 48% de los trabajadores que realizan horas extraordinarias declaran que no se les pagan ni se cotiza a la Seguridad Social por ellas.

Buena parte de los asalariados que se beneficiarán del cobro de las horas extra no pagadas gracias al registro de la jornada son trabajadores poco cualificados con salarios muy bajos, según el Ministerio de Trabajo. En el último trimestre de 2018, más de un 26% de las horas extraordinarias no pagadas se realizaron en el comercio y la hostelería.

Ellas tienen un 30% menos de probabilidades de acceder a una entrevista de trabajo

Un informe del Observatorio de La Caixa demuestra que ser mujer y madre está penalizado a la hora de encontrar un empleo

Solo por el hecho de ser mujer es mucho más difícil acceder a un puesto de trabajo. Esto que es una especie de consigna no demostrada acaba de ser confirmada por un estudio elaborado por el Observatorio Social de La Caixa. Pese a ser solo un experimento, las evidencias son claras: existe discriminación de género a la hora de acceder a un proceso de contratación, lo que evidentemente tiene su repercusión directa en que ellas tienen menos oportunidades para obtener un empleo. Concretamente, un 30% menos que los hombres, brecha que se amplía hasta el 36% en el caso de las mujeres que tienen hijos y que se reduce hasta ser casi insignificantes en el caso de mujeres cualificadas y sin hijos.

Para trata de responder a la pregunta de '¿Tienen las mujeres menos oportunidades de ser contratadas?' se enviaron más de 5.600 currículos ficticios de personas entre 37 y 39 años a un total de 1.372 ofertas de trabajo reales para 18 tipos de ocupaciones en Madrid y en Barcelona. Así, para cada vacante remitieron sendos CV parejos, con características prácticamente iguales en todo salvo en una: uno correspondía a un varón y otro a una mujer. Es decir, la diferencia fundamental es que uno se llamaba Mario y otro María. Sin embargo, los Marios fueron citados para realizar entrevistas de trabajo en mayor proporción (un 10,9%) que las mujeres (7,7%). De esta forma, en igualdad de condiciones, la probabilidad de recibir la propuesta de una entrevista de trabajo fue el 30% menor para ellas que para ellos.

Ser padre, un plus

Pero el estudio no quería quedarse solo en esto y también analizó el posible efecto diferencial de tener hijos en hombres y mujeres, lo que ha sido muy revelador. Para ellos supone un 'plus', mientras que para ellas es una penalización. En concreto, las mujeres con hijos tienen una probabilidad un 35,9% inferior a recibir una llamada de teléfono para acceder a un proceso de selección que los hombres con descendencia. Sin embargo, para ellos esto funciona completamente diferente y la paternidad supone un premio: los candidatos varones con hijos son una prioridad.

Pero la discriminación no se da solo en el número de llamadas, sino también en el orden de preferencia. ¿A quién se llama primero? A los hombres, y entre éstos, a los hombres con hijos. En cambio, las mujeres sin hijos recibe antes una llamada que las mujeres con descendencia. Así, las madres tienen un 47% menos de probabilidad de ser telefoneadas antes que los hombres.

A pesar de las diferencias de género, los autores señalan que la discriminación de las mujeres no desaparece, pero sí se reduce cuando los candidatos están mejor preparados para el puesto de lo que se pide en la oferta. Es decir, la penalización es menor si, además de lo requerido, los aspirantes tienen conocimiento de un idioma adicional y más experiencia laboral.

Los autores concluyen que los sesgos de género en los procesos de contratación estarían basados en estereotipos sobre la productividad, más que en prejuicios, ya que la discriminación prácticamente desaparece en mujeres sin hijos altamente cualificadas.

Los robots no tienen la culpa de los salarios bajos

Es verdad que tenemos un serio problema, pero poco tiene que ver con la tecnología, y mucho con la política y el poder

PAUL KRUGMAN: "Cada vez más economistas, aunque no todos, coinciden en que uno de los factores clave en el estancamiento de los salarios ha sido la disminución del poder de negociación de los trabajadores, una disminución cuyas raíces son en última instancia políticas"

El otro día me encontraba en una conferencia hablando del estancamiento de los salarios y el gran aumento de la desigualdad. Hubo debates muy interesantes. Pero una cosa que me sorprendió fue que muchos de los participantes supusieran sin más que los robots constituyen una parte importante del problema, que las máquinas se están quedando con los trabajos buenos, o incluso con los trabajos en general. La mayoría de las veces, esto no se presentaba ni siquiera como una hipótesis, sino como algo que todo el mundo sabe.

Y esta suposición tiene repercusiones reales en el debate político. Por ejemplo, buena parte de la agitación a favor de la renta básica universal proviene de la creencia de que los puestos de trabajo escasearán cada vez más a medida que el apocalipsis de los robots se haga con la economía. De modo que me parece buena idea señalar que, en este caso, lo que todo el mundo sabe no es cierto. Las predicciones son difíciles, sobre todo las relativas al futuro, y es posible que los robots vengan uno de estos días a hacerse con todos nuestros puestos de trabajo. Pero la automatización no es la parte principal de la historia de lo que les ha ocurrido a los trabajadores estadounidenses a lo largo de los últimos 40 años. Es verdad que tenemos un serio problema, pero tiene muy poco que ver con la tecnología, y mucho con la política y el poder. Retrocedamos un momento y preguntémonos qué es, en cualquier caso, un robot. No tiene por qué parecerse a C-3PO, ni rodar por ahí diciendo “¡Exterminar! ¡Exterminar!” Desde un punto de vista económico, un robot es cualquier cosa que utilice la tecnología para efectuar una tarea antes realizada por humanos.

Y en este sentido, los robots llevan literalmente siglos transformando nuestra economía. David Ricardo, uno de los padres fundadores de las ciencias económicas, ya escribió sobre los efectos perturbadores de la maquinaria en 1821. Hoy en día, cuando la gente habla del apocalipsis de los robots, en general no piensa en cosas como la minería a cielo abierto o en la minería de remoción de cimas. Pero estas tecnologías transformaron por completo la minería: la producción de carbón casi se duplicó entre 1950 y 2000, pero el número de mineros del carbón cayó de 470.000 a menos de 80.000.

O piensen en la contenerización de cargas. Antes, los estibadores constituían una parte importante del paisaje en las grandes ciudades portuarias. Pero mientras que el gran comercio mundial se ha disparado desde la década de 1970, la proporción de trabajadores estadounidenses que se encargan del “manejo de cargamentos marítimos” se ha reducido casi en dos tercios.

Por lo tanto, las perturbaciones tecnológicas no son un fenómeno nuevo. Así y todo, ¿se están acelerando? No, según los datos. Si los robots estuviesen de verdad sustituyendo masivamente a los trabajadores, sería de esperar que la cantidad de cosas producidas por cada trabajador restante –la productividad laboral– se disparase. De hecho, la productividad creció muchísimo más entre mediados de la década de 1990 y mediados de la de 2000 que desde entonces.

De modo que el cambio tecnológico es una vieja historia. La novedad es que los trabajadores no están compartiendo los frutos de ese cambio tecnológico. No digo que afrontar ese cambio fuera fácil alguna vez. El descenso del empleo en el sector del carbón tuvo consecuencias devastadoras para muchas familias, y muchas de las anteriores zonas carboníferas no se han recuperado nunca. La pérdida de trabajos manuales en las ciudades portuarias contribuyó sin duda a la crisis de las décadas de 1970 y 1980.

Pero aunque siempre ha habido víctimas del progreso tecnológico, hasta la década de 1970 el aumento de la productividad se tradujo en un aumento de sueldo para la gran mayoría de los trabajadores. Después se rompió la conexión. Y no fue culpa de los robots. ¿A qué se debió esa ruptura? Cada vez más economistas, aunque no todos, coinciden en que uno de los factores clave en el estancamiento de los salarios ha sido la disminución del poder de negociación de los trabajadores, una disminución cuyas raíces son en última instancia políticas.

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Los trabajadores tendrán que fichar a la entrada y salida a partir de mayo

El Gobierno, que también da luz verde a bonificaciones por contratar desempleados de larga duración, deja su «organización» en manos de los agentes sociales

Los trabajadores españoles tendrán que fichar a la entrada y salida de sus empresas a partir de mayo, aunque parte de ellos ya lo venían haciendo a través de distintos mecanismos, además del control tradicional que se sigue en la Administración Pública. Es el resultado de la aplicación del nuevo «registro diario de jornada» que el Gobierno ha aprobado este viernes, dentro de un nuevo decreto que sirve como 'cajón de sastre' para incluir distintos tipos de medidas sociolaborales, desde subsidios a parados maduros y bonificaciones a su contratación hasta ayudas a hogares en situación de pobreza e incluso matices en el programa laboral de garantía juvenil.

Buena parte de estas medidas, no obstante, ya habían sido anunciadas semanas atrás por el Ejecutivo e incluso algunas se incluían en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que finalmente fue vetado de inicio por el Congreso de los Diputados. Es el caso, por ejemplo, del aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias en peor situación económica, cuya cuantía general se incrementa un 17,2% desde los 291 euros actuales por ejercicio hasta 341. Para acceder a esta ayuda su límite de ingresos anuales no debe superar los 12.313 euros, y 18.532 euros en el caso de que sean familias numerosas. Para los hogares en situación de pobreza extrema, la asignación se eleva a 588 euros anuales.

También estaba previsto tiempo atrás el subsidio especial para parados mayores de 52 años que, en realidad, es un adelanto en edad del que ya se viene aplicando a partir de los 55 años, el mínimo de acceso que se estableció en 2012 a raíz de los recortes presupuestarios derivados de la crisis. Entonces también se rebajó la base de cotización de dicha ayuda al equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional (SMI), establecido para 2019 en 900 euros al mes, y que ahora se incrementa al 125%. De esta forma, los 260.000 beneficiarios actuales aumentarían en otros 114.000, lo que elevaría el coste económico a 388 millones de euros solo este año.


Enfocado a este mismo colectivo, el decreto que el Consejo de Ministros ha visado este viernes también incluye nuevos incentivos a las compañías que contraten desempleados de larga duración, entendidos como aquellos que lleven inscritos en las oficinas de los servicios públicos de colocación al menos doce meses durante el año y medio anterior a la firma del contrato. Para los acuerdos por tiempo indefinido, la reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social llegaría a 1.300 euros anuales durante un máximo de tres años, que subirían a 1.500 si se trata de una mujer. Ahora bien, si la empresa lo despide antes de un lustro o no mantiene el mismo nivel de empleo en su plantilla (salvo jubilaciones o despidos objetivos), devolverá el dinero.

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