La inflación hunde las remuneraciones de los trabajadores en mínimos desde la crisis del petróleo de los 70
El precio de una barra de pan común ha subido en un año en España de unos 35 céntimos a 40. Cerca de un 15%, según el cálculo medio en septiembre respecto al mismo mes del año pasado de Eurostat, el servicio oficial de estadística de la Unión Europea (UE). El encarecimiento del alimento más básico de nuestra cesta de la compra sirve para entender la alarma que supone la inflación que sufren las familias trabajadoras.
Sobre todo, las más pobres, para las que esos 5 céntimos de diferencia, y los otros tantos que tienen que gastar de más en verduras, hortalizas... o en el aceite -una subida del 14,4% interanual de los alimentos y bebidas- han convertido la visita al supermercado en una pesadilla asfixiante. Evidentemente, la alimentación no es algo de lo que se pueda prescindir. Como tampoco es fácil renunciar a poner la calefacción para pasar frío, o la lavadora, o a llenar el depósito de gasolina si se necesita para acudir cada día al puesto de trabajo.
En este contexto, la patronal todavía no ha decidido cuándo se va a volver a sentar a hablar con los sindicatos y desbloquear la negociación colectiva para acordar la subida salarial de los próximos años en el sector privado. Mientras, las empresas ya superan los beneficios previos a la pandemia, según los últimos datos del Banco de España.
El Gobierno viene desplegando medidas de choque para paliar estos daños. Primero, muy centradas en la factura de la luz, en los carburantes... Después, más focalizadas en los hogares más vulnerables, o en el uso del transporte público para reducir el consumo de gasolina o diésel.
También ha garantizado el poder adquisitivo de pensionistas (confirmando la revalorización según el IPC de noviembre en cumplimiento de la ley) y ha negociado con los funcionarios (con los que ha pactado una subida del 9,5% en tres años). Aun queda que cumpla con el objetivo de volver a incrementar el Salario mínimo interprofesional (SMI).
“El problema de los precios ya no es solo de variación, es de nivel: están tan altos que, aunque se modere su subida en 2023, los bienes y servicios están muy caros para la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones”, lamenta el gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO).
A la subida de los precios se suma el encarecimiento de dos factores muy relevantes para lo hogares no incluidos en el IPC (Índice de precios de consumo), que en septiembre se moderó hasta el 8,9%: “el repunte de los tipos de interés (impulsados por las subidas de tipos del Banco Central Europeo) y de la vivienda. Estas fuertes subidas están afectando al consumo y recortando el poder adquisitivo de los sueldos, que hasta ahora se han mantenido contenidos”, continúan en el sindicato.
“Hay riesgos de que algo se rompa”, admite Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, quien calcula que los salarios reales (descontando a la remuneración media de los trabajadores la inflación) pactados en los convenios colectivos están sufriendo la mayor caída de los últimos 40 años, de casi un 8%. Este centro de análisis proyecta que al cierre de 2022 los acuerdos de incrementos rondará el 3%, mientras que en el 2023 rozarán el 4,5%, muy por debajo de la inflación.
En la misma línea, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que, en el primer semestre de 2022, se observó una contracción de los sueldos reales próxima al 6%, “muy elevada en términos históricos”, que supera el hundimiento del cuarto trimestre de 2012, en lo peor de la crisis financiera que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. La misma institución avisa de que solo uno de cada cuatro trabajadores está protegido de la inflación en sus convenios, con clausulas de garantía salarial.
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