Las cantinas corporativas son una fuente inagotable de disputas entre las corporaciones y sus empleados
Cada vez son más las compañías que se preocupan por ofrecer a sus empleados la opción de comer bien y cerca de su puesto de t, rabajo. A ser posible, incluso, en sus propias instalaciones. Así lo pone de manifiesto
un informe el Observatorio Sectorial DBK que revela que, en los últimos seis años, el sector del catering ha crecido hasta un 13%, principalmente a causa del aumento de los clientes-empresa. La explicación a esta tendencia es sencilla: las organizaciones que incorporan comedores mejoran en un 40%
la satisfacción y el compromiso de su plantilla, según un estudio de Deliveroo, lo que se traduce en un aumento de la productividad de, al menos, el 23%. No obstante, más allá de estas ventajas, las cantinas también son culpables de numerosos quebraderos de cabeza judiciales. De hecho, los tribunales llevan años resolviendo disputas de todo tipo sobre las mismas; desde la propia existencia de un espacio para que los empleados almuercen, hasta la composición de los platos del menú.
En España, solo una ley, que data de 1938, ha abordado las obligaciones de las organizaciones con respecto a los comedores. En plena Guerra Civil, el gobierno franquista instaurado en Burgos aprobó un decreto por el que
obligaba a las empresas de más de 50 trabajadores, así como las que fijaran una pausa para el almuerzo inferior a dos horas, a habilitar un espacio provisto de “mesas, asientos, agua potable y hornillas” (fogones) para calentar la comida. Asimismo, la norma extendía esta responsabilidad a los centros en los que, aun no cumpliendo con las anteriores características, existiera una petición de al menos el 50% de los trabajadores para instalar una cantina.
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