Recordamos que la Generalitat es cliente de DXC y el hecho de cometer faltas muy graves, como es la cesión ilegal, puede suponer que la empresa pierda la capacidad de trabajar para la Administración.
Es una situación peligrosísima, pero lo más grave es que la empresa no está reaccionando para ajustarse a la legalidad, incorporando a la gente en plantilla por su propia voluntad, sino que deben ser los trabajadores los que demanden esa incorporación.
Es una actuación sumamente irresponsable, por las consecuencias que puede tener y por la reiteración en las faltas. Es la segunda vez que se sanciona a Outsourcing y a Consultoría en Catalunya por este motivo.
Desde la Generalitat nos transmitieron su malestar por la aparente falta de compromiso de la empresa con la legislación laboral de nuestro país y con los trabajadores, no es tolerable que empresas que se llenan la boca de Responsabilidad Social Corporativa, actúen luego de esta forma.
Desde CCOO continuamos con las demandas para incorporar a la gente en plantilla, tantas como hagan falta, hasta que la empresa cumpla.
Y si por el camino la empresa está por la labor de solucionar la situación por la vía de la negociación, allí nos encontrará, como siempre.
También compartieron nuestra preocupación por las garantías de mantenimiento de los centros de trabajo y el empleo, que según las presentaciones de la empresa ante los accionistas podría estar en peligro. Seguimos insistiendo a la empresa a que nos explique como va a garantizar los puestos de trabajo y al mismo tiempo cumplir con lo que cuenta a la prensa.
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