El presente y el futuro de la ciudadanía, especialmente de la juventud trabajadora, y el propio cumplimiento de un derecho constitucional y humano, como es el acceso a una vivienda digna, no pueden depender de las leyes del mercado.
Ante el grave problema de la población con el acceso a la vivienda y el debate abierto por la Ley de Vivienda que se está negociando, CCOO considera que el Gobierno debe priorizar políticas públicas que doten de seguridad y certezas al conjunto de la población trabajadora y, particularmente, a la generación de personas jóvenes asfixiadas por la imposibilidad de acceder a un empleo estable, a unos ingresos suficientes y a una vivienda digna.
En este sentido, CCOO considera que uno de los primeros pasos para evitar el naufragio de varias generaciones debe ser la aprobación de una Ley de Vivienda que asegure los derechos de la mayoría y ponga coto a los “tiburones de la especulación”, en coherencia con las reivindicaciones que el sindicato está poniendo sobre la mesa y que pretende reforzar con el despliegue de una campaña específica en redes sociales bajo el hashtag #ViviendaXDerecho.
El acceso a la vivienda es un derecho reconocido en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, y que en consecuencia no puede quedar a merced de las leyes del mercado, sino que ha de ser regulado y asegurado por los poderes democráticos.
Así, en marzo de 2020 CCOO presentó, de forma conjunta con UGT, la “Iniciativa sindical por el derecho a la vivienda”, en la que se plantean, entre otras medidas, fijar precios máximos de alquiler, maximizar el uso del amplio parque de viviendas construidas a través de diversas fórmulas de alquiler público y social, la rehabilitación del parque residencial y un mayor esfuerzo público en materia de vivienda. Como recordaba en su presentación el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “es necesario que la vivienda se convierta en un derecho y no en un negocio. España destina uno de los presupuestos públicos más bajos de Europa a política de vivienda (apenas el 0,1% del PIB). Por ello, pedimos al Gobierno que sea valiente, que asuma sus competencias e impulse actuaciones decididas en materia de vivienda pública, social y de alquiler asequible”.
Recientemente CCOO también ha presentado un informe sobre “La vivienda de alquiler en España”, que incide en que “regular y rebajar los precios del alquiler es una medida fundamental para reducir los niveles de pobreza y exclusión”. Alrededor de tres millones de inquilinos, el 41% de la población que vive de alquiler, dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el arrendamiento. “Un esfuerzo excesivo que supera los criterios de solvencia y capacidad de pago que utilizan las entidades financieras”.
LA JUVENTUD LIDERA LA TASA DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
La larga crisis económica y social derivada del crack financiero de hace más de una década y las políticas impuestas en España a partir de 2010 truncaron las trayectorias y expectativas vitales y laborales de toda una generación que hoy, tras la nueva crisis provocada por la pandemia, se ve abocada a una situación de precariedad insostenible, compartida con quienes ahora son aún más jóvenes.
El panorama sociolaboral es crítico, a juicio de CCOO, como lo acredita el hecho de que las personas de entre 16 y 29 años lleven liderando la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en España desde el año 2012 (31,7% frente al 25,3% del conjunto de la población, según datos del INE correspondientes a 2019, previos a la pandemia y sus efectos).
Por otra parte, en el primer semestre de 2020 la tasa de emancipación residencial de la población joven en España se redujo en 1,3 puntos porcentuales, pasando del 18,7% al 17,3%, el peor dato desde 2001, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.
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