martes, 28 de abril de 2020

CCOO asegura que el COVID-19 revela la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España


Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, CCOO ha editado un nuevo número de Gaceta Sindical para recordar una vez más que las condiciones de trabajo están en el origen de los accidentes y enfermedades laborales, y reitera sus propuestas de cambio en las políticas que afectan a la salud y la seguridad de la clase trabajadora. CCOO viene advirtiendo que la precariedad laboral mata y que las condiciones de empleo están detrás del repunte de los accidentes de trabajo. En particular, CCOO reivindica la debida atención a las condiciones de trabajo que causan enfermedades, que mayormente no están debidamente registradas como “profesionales”.

miércoles, 22 de abril de 2020

La falsa dicotomía entre mantener la salud o salvar la economía

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra y Director del JHU-UPF Public Policy Center


Un argumento que están promoviendo opinadores y políticos de sensibilidad neoliberal próximos a sectores del mundo empresarial de la mayoría de los países a los dos lados del Atlántico Norte es que hay que terminar con las medidas de confinamiento (que algunos, incluso, subrayan que nunca tendrían que haberse iniciado), pues estas medidas están amenazando con colapsar la actividad económica del país. En su mayoría, dichos opinadores son conscientes de que tales medidas son necesarias para controlar la propagación del coronavirus, que está causando un gran número de muertes. Aun así, argumentan que tal número es relativamente bajo, pues la gran mayoría de personas contagiadas con tal virus sobreviven y solo entre los ancianos la mortalidad es elevada. Consideran, pues, que tales muertes significan un coste relativamente menor y asumible (pues la mayoría de la población no queda afectada), coste que, además, es necesario para salvar la economía. Como dijo el vicegobernador del Estado de Texas en EEUU, Dan Patrick, en una entrevista en el canal Fox News, los abuelos de ese país deberían aceptar su muerte a fin de salvar la economía para sus nietos. Y hay algunas de estas voces que incluso piensan (aunque no lo dicen) que esta alta mortalidad entre loa gente mayor facilitaría la salvación del sistema de pensiones público, que hoy consideran insostenible. El ministro de Finanzas japonés, Tarō Asō, así lo insinuó en una ocasión. Para tales voces, lo más importante ahora es salvar la economía y reanimarla para que continúe. De lo contrario, todos tendremos problemas más graves que la pandemia: el paro y la falta de trabajo. Como dijo el presidente de EEUU, Donald Trump, "no podemos permitir que la cura sea peor que el problema".

¿Cuál es la economía que se quiere salvar?

Tal argumento podría parecer lógico y coherente, pues la actividad económica es imprescindible en cualquier país. Pero tiene un fallo muy grave. Y es que lo que se quiere salvar (y que llaman "la economía") son las políticas económicas que han sido, en gran parte, la causa de las enormes tragedias que están amenazando la propia supervivencia del ser humano (tanto la crisis climática como la enormemente insuficiente respuesta a la epidemia), consecuencia del enorme debilitamiento de los servicios de protección social como resultado de la aplicación de las políticas públicas neoliberales (que incluyen medidas como las de austeridad, que han mermado sectores como el sanitario y los servicios sociales, y reformas laborales que han incrementado masivamente la precariedad), las cuales caracterizan la economía que quiere salvarse.

En realidad, el sistema económico dominante se basa, hoy, en una producción y distribución de bienes y servicios que se rige por unas leyes del mercado que priorizan sistemáticamente a aquellos individuos y sectores de la población que tienen mayor capacidad adquisitiva, a costa de todos los demás. Y todo ello para el beneficio de minorías propietarias y gestoras de los medios de producción y distribución, cuyos beneficios económicos –sus intereses particulares- se anteponen al bien común de toda la ciudadanía.

¿Quiénes son los ganadores y los perdedores en esta economía?

La pandemia ha mostrado con toda claridad las consecuencias de este sistema económico. Durante los últimos años de la Gran Recesión se optimizaron estos intereses particulares, de manera que los beneficios de las minorías que derivan sus rentas de la propiedad y gestión de tales medios de producción y distribución se conseguían a costa de la reducción de los ingresos de la gran mayoría de la población, que adquiere sus rentas a través del trabajo y ocupación en tales medios, predominantemente mediante salarios. Un ejemplo de ello es España, donde las primeras rentas (las del capital) subieron, pasando de representar un 42,8% de todas las rentas en 2008 a un 46,5% en 2019, mientras que las segundas (las del trabajo) descendían durante el mismo período de un 57,4% a un 53,5%. Y ello se consiguió, primordialmente, a costa de reformas laborales regresivas (que aumentaron la precariedad) y de unos recortes del gasto público, primordialmente social, que debilitaron enormemente el mundo del trabajo. Tales recortes causaron las enormes carencias del sector sanitario, incluyendo la falta de respiradores (que se necesitan para poder salvar vidas) y de equipamiento protector (como son las mascarillas, las batas, los guantes y un largo etcétera) para los profesionales y trabajadores del sector sanitario y de todos los servicios esenciales. Todos estos recortes y reformas laborales se hicieron para "salvar la economía" (es decir, los intereses del mundo del capital), interpretando la economía como un sistema que favorece a una minoría (las clases pudientes) a costa de la gran mayoría de la población. Hoy, los niveles de vida y la protección social de esta mayoría están peor que antes de que se iniciaran tales políticas neoliberales. Y estamos viendo ahora las mismas voces utilizando el mismo argumento, subrayando que hay que permitir que la gente (y muy en especial, los ancianos) se mueran para salvar tal economía (esto es, sus intereses).

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miércoles, 15 de abril de 2020

Denuncias de fraude en los ERTE: "La empresa nos suspendió el contrato pero tenemos que seguir trabajando"

Varias personas explican que sus jefes les hacen trabajar pese a estar incluidas en ERTE, una infracción muy grave según la legislación laboral


Los ERTE se han convertido en una de las palabras más sonadas durante la crisis del coronavirus. La sigla hace referencia a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que son la herramienta que se está impulsando desde el Gobierno y los agentes sociales para evitar los despidos. Algunos trabajadores han conocido este mecanismo al mismo tiempo que el fraude al que sus jefes les están sometiendo: les incluyen en un ERTE, con la suspensión de su contrato o la reducción temporal de su jornada, pero les están haciendo trabajar con normalidad. "El discurso es el de que ahora son tiempos muy difíciles, que hay que arrimar el hombro, que si no va a tener que hacer algún despido...", explica Yolanda, una de las afectadas por esta práctica. 

Yolanda, cuyo nombre real se omite al igual que el del resto de testimonios incluidos en este reportaje, trabaja en una pequeña consultora de comunicación, que ha aplicado un ERTE de reducción de jornada a la plantilla. Sin embargo, ella y sus compañeros tienen que trabajar con su horario habitual, de jornada completa. "Incluso ahora con el teletrabajo estás más tiempo, porque además te da a entender que ahora no tienes mucho más que hacer", denuncia la empleada.

La trabajadora va a ver disminuidos sus ingresos en este tiempo, porque solo va a recibir la prestación por desempleo (más o menos el 70% de su sueldo) por las horas en las que supuestamente está sin trabajar. No denuncia la situación ni se planta ante su jefe por temor a quedarse sin empleo en estos momentos de incertidumbre. "Al final no nos queda otra y vamos a aguantar. Esperemos que pase rápido el expediente", afirma a este medio.

Este es uno de los muchos casos de este tipo que están llegando al consultorio de Comisiones Obreras que ha puesto en marcha debido a la pandemia, explica Carlos Gutiérrez, secretario de juventud y nuevas realidades del trabajo de CCOO, que estos días está "pasando consulta". Gutiérrez explica que esta es una de las temáticas más repetidas en las consultas que reciben, además de los casos en los que los jefes obligan a sus trabajadores a coger vacaciones en estos días y los despidos de trabajadores temporales.

"Son auténticos fraudes que se aprovechan del esfuerzo del país y la sociedad para evitar los despidos. Obligan a estas personas a seguir trabajando y este trabajo que no va a ser retribuido por la empresa sino por la prestación por desempleo. Es un aprovechamiento total para intentar engordar sus cuentas", denuncia Gutiérrez, que recomienda a los afectados que denuncien los casos a través del sindicato, como "espacio de protección colectivo", aunque reconoce que no suele ser muy común que los afectados se animen a demandar.

miércoles, 8 de abril de 2020

La igualdad en la oficina también se gana en tribunales

En los últimos años, muchas mujeres han decidido plantar cara a sus empresas y llevar a tribunales situaciones de discriminación en sus trabajos. Varios de estos casos han acabado en sentencias favorables, resoluciones que han delimitado líneas rojas para las empresas. 


La igualdad en el trabajo sigue siendo un objetivo lejano. Los datos lo corroboran. Según las cifras del Parlamento Europeo, ellas ganan casi un 15 % menos, sólo ocupan el 33 % de los puestos directivos y el 30 % abandonan la oficina para atender a la familia.

Estas son algunas de las sentencias más relevantes en materia de igualdad publicadas durante 2019 y la historia de sus mujeres. 

El cálculo de pensiones discrimina a las mujeres
En julio de 2019, el Tribunal Constitucional emitió una importante sentencia sobre igualdad y cálculo de pensiones. El Pleno estimó, por unanimidad, que la forma legal para calcular la jubilación a tiempo parcial era discriminatoria para las mujeres. El tribunal anuló el "coeficiente de parcialidad", que reducía el tiempo real de cotización, al considerar que existía discriminación indirecta contra ellas, porque ocupan la mayoría de trabajos temporales. El criterio había sido marcado anteriormente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Despedir tras el periodo de protección postparto también es ilegal
Cumplir con la literalidad de la norma no exhibe a las empresas de incurrir en comportamientos discriminatorios. Así lo estableció el TSJ de País Vasco en febrero de 2019, al estimar la demanda de una mujer que fue despedida nueve meses y ocho días después de dar a luz, justo tras el tiempo de blindaje postparto. Durante este periodo (actualmente de doce meses) una mujer no puede ser despedida (artículo 55. 5 c del Estatuto de los Trabajadores). Así, vistas las circunstancias, el tribunal dictó que, a pesar de cumplirse el periodo de protección legal, la empresa esperó maliciosamente para ejecutar el cese, un comportamiento discriminatorio. El despido fue declarado nulo, y la trabajadora fue readmitida e indemnizada con 10.000 euros.

La custodia compartida es obligatoria si la madre necesita incorporarse al mercado laboral 
El reparto de tareas suele ser un asunto clave para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 dictó una relevante sentencia (disponible aquí) en este campo. La resolución obligó a un padre a cuidar de su hija para que la madre divorciada pudiese conseguir trabajo. Él alegaba no poder compatibilizar su actual empleo con la llevanza de una custodia compartida. El juez concluyó que en ese caso debía entonces solicitar turnos más flexibles a su jefe, o una reducción de jornada. Cualquier alternativa era válida, pero el padre debía de actuar para permitir que la madre encontrase trabajo lo antes posible, algo complicado si se debía de cuidar de un hijo en exclusiva.

Una madre no debe probar imposibilidad de horarios para solicitar la jornada a la carta
La imposición de la conocida como 'jornada a la carta' supuso un importante avance en materia de conciliación laboral. Bajo este marco normativo, una decisión del Tribunal Superior de Galicia delimitó un relevante criterio para las mujeres que precisaban conciliar. La trabajadora del caso denunció a su empresa, quien le retiró la jornada flexible para cuidar a su hijo. La empleadora exigía a la empleada prueba de que no podía hacerse cargo del pequeño, algo que la mujer no podía aportar. Pero elevado el caso a tribunales, el fallo dictó que no se debía probar, ni siquiera mencionar, la imposibilidad de horarios, ni tampoco que la pareja de la actora lo tuviese más o menos difícil que ella para conciliar. La patria potestad corresponde a ambos, recordó el órgano judicial, y sin conciliación, dicha obligación resultaba imposible de cumplir.

La discriminación laboral puede darse antes de firmar el contrato
Estar embarazada no puede resultar un hándicap para acceder a un puesto de trabajo. Así lo recordó el Tribunal Constitucional en una reciente resolución, que marcó en septiembre de 2019 un importante camino en materia de igualdad de oportunidades en procesos de selección. Según los hechos, (fallo disponible en este enlace) la mujer demandante fue rechazada tras quedar primera en un proceso para trabajar en el Instituto Nacional de Estadística. En el momento de recibir la llamada para incorporarse a plantilla, la empleada informó de que se encontraba en situación de descanso por maternidad, pero insistió en que quería conservar la plaza. La empresa sin embargo retiró la oferta, y justificó la decisión en que necesitaba cerrar el proceso lo antes posible. El Constitucional rechazó el argumento: existió discriminación por razón de sexo, a pesar de que aún no se había formalizado la relación laboral.

La lucha por la igualdad ha tenido su propio recorrido por los tribunales españoles. Puede consultar más resoluciones como las citadas en el Especial Perspectiva de Género, una recopilación de la reciente doctrina científica y la última jurisprudencia dictada por nuestros órganos judiciales sobre perspectiva de género.

miércoles, 1 de abril de 2020

CCOO exige aumentar las sanciones, ante la falta de registro de planes de igualdad

El sindicato registra 15 denuncias ante el Departament de Treball para visibilizar el pobre cumplimiento de la normativa laboral en materia de igualdad
La secretaria de acción sindical de CCOO de Catalunya, Cristina Torre, y la secretaria de igualdad, Alba García, registran una batería de denuncias en Inspección de Trabajo. / AINA MARTÍ (ACN)

El sindicato CCOO exige aumentar el importe de las sanciones para aquellas empresas que incumplan la normativa en materia de igualdad. Así lo ha reivindicado este viernes mediante una acción de protesta frente al Departament de Treball de la Generalitat, donde ha registrado un total de 15 denuncias contra empresas o entes públicos que presuntamente incumplen la normativa en lo referente a planes de igualdad. A partir del 7 de marzo, un total de 2.102 empresas en Catalunya tienen la obligación de tener elaborado un plan de igualdad; según datos de la Tesorería de la Seguridad Social.

CCOO ha entrado en el registro de Inspección de Trabajo este viernes un total de 15 denuncias, que competen a empresas o entidades que tienen un plan de igualdad, pero que desde el sindicato consideran que o bien no están aplicando, o bien no lo hacen correctamente, o bien este no ha sido negociado con la representación legal de los trabajadores. Entre los implicados se encuentran los ayuntamientos de Badalona y Cornellà, un centro especial de trabajo (para la inserción laboral de personas con dispacadidad), dos empresas dedicadas al transporte o un centro hospitalario; entre otros.

El importe máximo actualmente contemplado por ley para una empresa que incurra en un infracción en lo relativo a la igualdad es de 6.250 euros, independientemente del tamaño de la compañía. Una cuantía que desde la central han considerado insuficiente y que debería ser mayor, sobre todo en la fase actual del despliegue de la normativa estatal en materia de igualdad en las empresas. El Gobierno tiene pendiente desplegar el registro obligatorio de planes de igualdad que aprobó en el 2019; lo que se ha traducido en unos pobres resultados hasta la fecha. En las oficinas de Treball, únicamente 202 compañías han registrado hasta la fecha de manera voluntaria su plan de igualdad.

La voluntad del sindicato es visibilizar la necesidad de que las empresas integren los planes de igualdad como una herramienta para cambiar la mentalidad en los centros de trabajo, no mero "papel mojado". Así lo ha explicado la secretaria de mujeres y políticas de igualdad de CCOO de Catalunya, Alba García, que considera que una verdadera implementación contribuiría a acelerar la reversión de discriminaciones como la brecha salarial entre hombres y mujeres. "El reloj corre, no podemos esperar 50 años para cobrar lo mismo que los hombres", ha declarado ante los periodistas.


El Departament de Treball ya anunció a finales del año pasado, durante el balance de las actuaciones de Inspección de Trabajo, que la persecución del fraude en materia de igualdad sería prioritario. En este sentido, el nuevo proyecto de presupuestos de la Generalitat contempla un  refuerzo de un millón de euros para dotar a la Inspección de Trabajo en los dos próximos años de 10 plazas adicionales, que se sumarán a las ya previstas en las ofertas públicas a nivel estatal, así como los 35 subinspectores ya previstos anteriormente.