La polémica que ha surgido durante la dos últimas semanas en torno a LexNet, el sistema de notificaciones del Ministerio de Justicia, aún no ha cesado. En el momento de escribir estas líneas, ninguna institución, empresa o cargo se ha responsabilizado o ha atribuido a terceros la responsabilidad del fallo informático que el pasado viernes dejó al descubierto documentos privados alojados en esta plataforma, creada para intercambiar de forma digital información de casos entre juzgados y abogados. Y solo fue el comienzo.
El desastre de LexNet, un proyecto iniciado hace 17 años, ha llevado a múltiples colectivos (abogados, procuradores, fiscales…) a exigir explicaciones y buscar culpables. Además del propio Ministerio de Justicia, todos señalan a las consultoras tecnológicas detrás del proyecto. Y, más concretamente, a las prácticas y condiciones de un sector enterrado desde hace tiempo en la precariedad laboral y la subcontratación. “En la cadena de subcontratación se pierde la calidad del servicio. Sabemos que siempre prima la parte económica ante la técnica en los pliegos”, explica a Teknautas Enric Climent, responsable estatal del sector TIC de Comisiones Obreras.
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